Una iniciativa de reformas al Código Civil para crear la figura del tutor oficial que respalde a menores de edad con discapacidad física o mental, puedan seguir con la representación legal de los padres aún y cuando cumplan la mayoría de edad, sin la necesidad de un juicio de interdicción, propuso este miércoles la magistrada Graciela Buchanan.
La magistrada expresó que esta iniciativa también contempla protección a adultos mayores en caso de conflicto familiar o legal, donde el Estado pueda dotarlos de una tutoría.
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Dijo que se trata de una iniciativa que es en alcance a otra que presentó en 2019 en relación con los estados de interdicción, particularmente relacionado a los menores de edad que pudieran sufrir una situación congénita o generada en el transcurso de su infancia que los imposibilite a valerse por sí mismos y que sea evidente.
“Es evidente, por ejemplo, las personas con síndrome de Down o con parálisis cerebral o alguna situación que les impida totalmente… y que sea muy evidente y que cuando llegan a la mayoría de edad, ya se termina la representación de sus padres por la patria potestad y los padres no saben que tienen que promover un juicio de estado de interdicción.
“Entonces llegan estas personas con una situación de discapacidad, sin tener un representante legal, muchos de ellos sin conocer siquiera o no tener recursos para acceder a un juicio de estado de interdicción, que les haga tener efectivos todos sus derechos. Lo que se pretende con esta iniciativa es que en automático los menores que tengan una situación de vulnerabilidad por una situación de salud física que afecte su mente, o una situación mental, que inmediatamente sean representados por sus padres o sus tutores ya, cuando pasen a la mayoría de edad, sin necesidad de un juicio”, explicó.
La magistrada expresó que, en el caso de los adultos mayores, tienen registrados muchos casos en que la persona fallece antes de que logren el juicio de interdicción, y no considera justo que eso suceda.
Por ello expresó que también se necesita que en automático se nombre al tutor si la persona está en estado de discapacidad, o si no puede desempeñar esta figura algún familiar.
“La otra parte importante de esta iniciativa es que cuando una persona está en una situación de interdicción, que se denuncie el estado de interdicción, que sea obligación de la autoridad proveerle de un tutor provisional que generalmente es el cónyuge o a falta de cónyuge los hijos sin son mayores de edad; pero nos ha tocado en la experiencia en el Tribunal, que en la mayoría de los casos, los presuntos interdictos siguen en la posición no contra el estado de interdicción, sino se están peleando por ser su tutor cuando hay bienes que administrar”, explicó.
