La diputada Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa de reformas constitucionales para eliminar la criminalización de la producción, tráfico, comercialización y consumo de sustancias psicoactivas.
Sostuvo que la política pública sobre el consumo de dichas sustancias no debe tener un enfoque punitivo, sino un marco regulatorio que permita al Estado recaudar impuestos para destinarlos a salud y seguridad.
La secretaria de la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro aseguró que aplicar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al mercado de las drogas permitiría recaudar hasta un billón 113 mil 600 millones de pesos al año. Esto equivale a 12 por ciento del Presupuesto de Egresos, dos veces el presupuesto de salud y casi tres veces el de educación.
“La intención es sentar una de las bases para finalizar la guerra iniciada por el prohibicionismo, quitarle una de sus principales fuentes de ingresos al crimen organizado y abordar el consumo de sustancias desde una perspectiva de salud pública y no de política criminal”, puntualizó.
Señaló que, a lo largo de la historia, las políticas prohibicionistas propiciaron la aparición de un mercado negro y de organizaciones criminales que, para proteger su actividad económica ilegal, incurren en crímenes violentos.
Por ello, la iniciativa de reforma a los artículos cuatro y 73 de la Constitución enviada para su análisis a la Comisión de Puntos Constitucionales considera facultar al Congreso de la Unión para establecer contribuciones especiales sobre las referidas sustancias.
Plantea que el Congreso de la Unión modificará la legislación aplicable en materia fiscal y penal en un plazo de 365 días, a partir de la entrada en vigor del decreto, convocando a ejercicios de parlamento abierto con la participación de los diversos sectores sociales.
De prosperar la reforma constitucional, el Ejecutivo deberá emitir los lineamientos de la política fiscal para gravar la producción, tráfico, comercialización y consumo de sustancias psicoactivas, mientras que las legislaturas locales deben realizar adecuaciones normativas para cumplir con el decreto.
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