Militantes del Partido Movimiento Ciudadano (MC) exigieron este jueves a la Fiscalía General de la República (FGR) que inicie una investigación por una presunta red de corrupción que involucraría a militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Nuevo León con una empresa fantasma que habría recibido contratos hasta por 116 millones de pesos en rubros ajenos a su giro desde 2017.
Al acudir a las instalaciones de la Fiscalía en la Ciudad de México para presentar la denuncia, Miguel Alfonso Meza acusó que la empresa de nombre Prestadora de Servicios Murata, S.A. de C.V., habría emitido comprobantes fiscales por un total de 116 millones 783 mil 336 de pesos para las administraciones de gobiernos municipales de Nuevo León y del Estado de México, de la misma Fiscalía del Estado; de la administración del ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón a través de la Secretaría de Educación; y Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Pero hizo énfasis en el supuesto benefícielo para los ex alcaldes de Monterrey Adrián de la Garza, y de Guadalupe, Francisco Cienfuegos, hoy coordinador de Xóchitl Gálvez en la entidad y suplente a la senaduría que busca Manlio Fabio Beltranes.
“Todos los recursos que le entregaron a esta empresa fantasma están relacionados de alguna u otra manera con los gobiernos del PRI.
“De los 116 millones de pesos, 10 millones se los dieron de la administración pública; ocho millones desde Guadalupe, en la administración de Paco Cienfuegos, y acá es bien importante decir que firmó el contrato. Y detrás estaba una persona a la que le robaron la identidad.
Los hechos se remiten a 2017, y de acuerdo con Miguel Meza todos los contratos son públicos, y dicha empresa habría sido declarada como fantasma por el Servicio de Administración Tributaria y publicado en el diario oficial de la federación.
“Sin embargo, la empresa de la pagina decía que se dedicaban a inteligencia militar a labores marítimas… entonces es una empresa que en fachada es militar y en realidad fue contratada para otra cosa… y el SAT ya dijo que era inexistente”, acusó.
Finalmente consideró que simpatizar con MC, no implica que no sea una denuncia seria, pues todos los contratos son públicos y cualquier persona puede corroborar que las acusaciones es están fundamentadas.
“Le dieron 116 millones de pesos, y en el papel era una empresa de inteligencia militar, pero la contrataron para dar capacitaciones de equidad de género, para vender kits de Salud, capacitaciones viales y cosas que no tienen nada que ver con sus actividades”.
En la denuncia presentada se acusa la posible comisión de delitos de defraudación fiscal equiparada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales.
LG
