¿Censura o espionaje? Esa es la interrogante entre algunos ciudadanos a raíz de la aprobación de dos nuevas leyes en materia de seguridad y telecomunicaciones en México.
En Notivox te explicamos cuáles son las implicaciones de la reforma en el modelo de seguridad pública y en materia de telecomunicaciones en el país.
En el Congreso fueron aprobadas dos leyes que tienen el objetivo de fortalecer las capacidades de inteligencia del gobierno federal: la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia.
Sin embargo, algunos actores políticos e instituciones han externado su preocupación por un posible impacto en la privacidad y uso de datos personales.
¿De qué trata la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública?
El dictamen establece la operación de estrategias conjuntas entre todas las instituciones de seguridad pública, con el objetivo de que compartan y actualicen de manera diaria la información que generan, así como posibilitar su interconexión con el Sistema Nacional de Investigación.
De esta manera, se podrán regular los centros de comando y control, encargados de las labores de recepción de reportes de emergencia y denuncias anónimas.
El proyecto optimiza el funcionamiento del gabinete federal, del Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Secretariado Ejecutivo; además, se crea un modelo de coordinación total en materia de seguridad pública de los gobiernos estatales, municipales y la Ciudad de México.
A su vez, reconoce a la Guardia Nacional como integrante del sistema, estableciendo su participación en la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública.
¿Qué establece la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia?
Con este proyecto se busca lograr la coordinación entre instituciones para prevenir, investigar y perseguir los delitos, las causas que los generan y lograr la paz social.
Se crea la Plataforma Central de Inteligencia bajo responsabilidad del Centro Nacional de Inteligencia, la cual interconectará bases de datos de todas las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia del país.
Con la implementación del Sistema Nacional de Inteligencia se permitirá integrar la información generada por las fuerzas armadas, incluso de la Guardia Nacional, de las fiscalías, las policías estatales, las unidades de inteligencia financiera, las autoridades aduaneras y otros actores relevantes.

¿A qué información tendrán acceso las autoridades?
Con la nueva reglamentación, la SSPC y la Guardia Nacional obtendrán mayores facultades para acceder, bajo control judicial, a bases de datos personales y registros sensibles tanto públicos como privados.
Esto incluye información biométrica, bancaria, fiscal, de salud, telecomunicaciones, entre otros.
La Guardia Nacional recibirá atribuciones explícitas para realizar labores de inteligencia y de investigación en seguridad pública, lo cual ha generado críticas de expertos en derechos humanos y privacidad, así como políticos de oposición.
Sin censura, ni espionaje: Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado las posturas que acusan al gobierno federal de espionaje a través de las reformas aprobadas.
“Es falso. Es mentira que las leyes aprobadas tengan que ver con que el Estado va a espiar. Falso. Se miente deliberadamente”, declaró durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.
A su vez, respondió a las críticas que han calificado como 'Ley Espía' a la legislación en materia de seguridad pública e inteligencia.
“El gobierno no va a espiar a nadie, como nos espiaron a nosotros, por cierto”, haciendo referencia al caso Pegasus durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Además, aclaró que las intervenciones telefónicas deberán ser autorizadas por un juez, conforme a las leyes vigentes:
“En ningún momento se está espiando a nadie. Que quede claro eso”.
Diputados avalan nueva Ley de Telecomunicaciones
Con seis modificaciones 'suavizados' por el Senado, la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue aprobada por la Cámara de Diputados, por lo que fue turnada al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.
Denominada por la oposición como 'ley censura', la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, entre otros aspectos, crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) como nueva autoridad reguladora del sector, en sustitución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
El proyecto suprimió el controvertido artículo 109 que en la iniciativa original preveía otorgar a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones atribuciones para bloquear plataformas digitales, en una acción que la oposición y especialistas denunciaron como censura.
Mantiene el artículo 209, fracción IX, con la prohibición de transmitir en radio y televisión propaganda política e ideológica de gobiernos extranjeros, salvo promoción cultural, turística o deportiva.

Con información de Fernando Damián
IOGE