El Consejo General del INE reportó que tienen 392 procedimientos abiertos en contra de partidos políticos, ex candidatos y personas físicas y morales por irregularidades en el manejo de recursos públicos, la mayoría, por retrasos en la entrega de información por parte de las autoridades correspondientes para que se pueda avanzar en las investigaciones.
El consejero Jaime Rivera, nuevo presidente de la Comisión de Fiscalización presentó el informe de sustanciación y resolución de los procedimientos de la Unidad Técnica de Fiscalización del 2016 a 2025.
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“Hay a la fecha, 392 procedimientos en trámite, de los cuales 177 se encuentran vinculados a informes anuales y 123 al Proceso Electoral 2023-2024. También hay ocho acatamientos pendientes de presentar a este Consejo General.
“De enero a septiembre de 2025, este Consejo General ha resuelto 575 procedimientos sancionadores, siendo impugnados 112 de ellos, de los cuales 37 fueron confirmados, 17 modificados o revocados y 58 se encuentran sub judice. Y por lo que hace a procedimientos resueltos durante este año, se impuso a diversos sujetos obligados por concepto de sanciones un monto total de 87 millones 233 mil 399 pesos”.
Investigan aparente mal uso de recursos públicos
Las investigaciones implican diferentes casos de aparente mal uso de recursos públicos o irregularidades en la fiscalización de los informes anuales de partidos políticos que involucran a proveedores, o por campañas electorales que implican a partidos y sus candidaturas que siguen sin poder aclararse.
Respecto a las solicitudes de información a las autoridades, Jaime Rivera señaló que el SAT atendió 201 solicitudes de las 211 presentadas y la Unidad de Inteligencia Financiera 12 de 13, y aunque reconoció que respondieron “fuera de plazo”, minimizó esta tendencia al considerar que “hay una respuesta”.
Sin embargo, la consejera Carla Humphrey, quien presidió la Comisión de Fiscalización hasta el cierre de agosto y que fue muy insistente en la necesidad de mejorar los mecanismos de colaboración con las autoridades que no están cumpliendo con los plazos legales para darle respuesta al INE, insistió en que estos retrasos no ayudan a que la autoridad electoral avance y concluya las investigaciones pendientes.
Detalló que este año, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se le realizaron siete mil 948 solicitudes y únicamente el 0.2 por ciento fueron atendidas en un plazo de entre uno y cinco días, y el 54 por ciento de las respuestas tuvo un atraso de entre 16 y 30 días.
Respecto al Servicio de Administración Tributaria (SAT) precisó que de 211 solicitudes realizadas en 2025 se atendieron 201, y de éstas, 135 se atendieron fuera del plazo de los cinco días y a la fecha se encuentran 10 solicitudes sin atender.
Mientras que, en la Unidad de Inteligencia Financiera, de 13 solicitudes, 10 fueron atendidas fuera del plazo de 15 días y una está pendiente de que les respondan.
Por lo que después de que durante su presidencia en esta comisión enfrentó incluso comunicados personalizados por parte de la UIF, aprovechó para darle la bienvenida a Omar Reyes Colmenares quien sustituyó a Pablo Gómez.
“Me gustaría hacer un paréntesis para desearle todo el éxito a Omar Reyes, ahora en la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera. Tuvimos ocasión de colaborar con él en relación con el voto en prisión preventiva desde la Comisión del Registro Federal de Electores y espero que se inicie una nueva etapa de colaboración institucional.
“Como sabemos, si bien existen convenios de colaboración, la falta de cumplimiento en los plazos por parte de algunas autoridades externas afecta directamente nuestra capacidad para resolver los procedimientos administrativos sancionadores, también las quejas e incluso revisar los informes anuales o de campaña”.
Humphrey insiste a Secretaría Ejecutiva: seguimos esperando ruta jurídica para enfrentar resistencias de autoridades
La consejera Carla Humphrey también aprovechó para reiterar que continúan en espera de que la Secretaría Ejecutiva acate la solicitud de establecer una ruta jurídica con la que el INE pueda actuar ante las negativas, resistencias o retrasos de solicitudes de información de las autoridades.
Desde finales de 2023, la consejera Humphrey planteó esta ruta de acción y durante casi dos años lo ha reiterado, sin que quienes han estado en la Secretaría Ejecutiva acaten la solicitud del Consejo General, por lo que la consejera lo reiteró en sesión pública de este lunes.
“En la Comisión de Fiscalización se tomaron acciones concretas como la solicitud de una ruta jurídica a la Dirección Jurídica del INE, la cual, secretaria Ejecutiva, seguimos esperando para asegurar que las autoridades externas cumplan con sus obligaciones de proporcionar información de manera oportuna y completa.
“Es una cuestión que, de manera reiterada, he solicitado ante este Consejo General y a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, que nos haga llegar a las consejerías de este Instituto la ruta jurídica y eficaz que nos permita atender los problemas de incumplimiento o falta de información por parte de otras autoridades.
“Siendo esta la ocasión para solicitar, de nueva cuenta, a la Secretaría Ejecutiva de este consejo, se inicie en conjunto con las distintas áreas, el análisis de esta ruta jurídica viable y suficiente para poder resolver este problema institucional y contar con la información oportuna y veraz dentro de los plazos adecuados para la fiscalización de los recursos de los sujetos obligados”.
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