El Instituto Nacional Electoral ve impactos negativos en las propuestas de reforma del ejecutivo contra la desaparición forzada como el manejo de datos personales así como una menor participación en los procesos electorales al perder relevancia la credencial de elector porque dejaría de ser un instrumento de identificación oficial.
En el estudio preliminar que se presentó en la Comisión del Registro Federal de Electores, se explicó que es necesario esperar a que se discuta y en su caso aprueben las propuestas para profundizar en las implicaciones que conllevarían estas nuevas reglas.
“Dentro de los impactos pues también hemos considerado algunas situaciones que que sean, por ejemplo, podría generarse un impacto negativo en la confianza ciudadana en relación con el manejo de sus datos personales por parte del INE. Habría que revisar bien el alcance de ese decreto una vez que ya esté revisado y analizado con la finalidad de poder analizar ya con mayor detalle, ya con elementos más precisos y de lo que se establezca en su momento”, explicó el secretario técnico de la comisión, Alejandro Sosa.
Agregó que otro punto importante a discutir es la propuesta de implementar una CURP con fotografía.
Y es que según las primeras revisiones, esto podría afectar incluso en la participación de los ciudadanos en las elecciones.
“Consideramos que es previsible que la expedición de la CURP con fotografía influya en los niveles de abstencionismo en las elecciones, es por decir, por disminuir la relevancia de la tramitación de la credencial para votar con fotografía como medio de identificación, sin embargo, es importante comentar que todo esto lo debemos de ver como, pues no como una amenaza, sino como un área de oportunidad para ver en qué se pudiera trabajar en el ámbito de responsabilidad de las instituciones”, expresó.
Al respecto, la consejera Carla Humprey consideró necesario que se concluya y profundice en este estudio para conocer los posibles impactos institucionales.
“No quiero decir que necesariamente tenga que ser negativo, sino para estar preparadas y preparados como institución para ver cómo se asumen, pues, en caso de que se aprueben y de que se apruebe como se ha presentado, pues, cuál es o cómo tendría que variar el trabajo de esta institución”, destacó.
Finalmente, se informó que actualmente el INE tiene firmados 33 convenios con fiscalías, comisiones de búsqueda, servicios forenses y otras dependencias del Gobierno Federal y de las entidades federativas para ayudar en la localización de personas.
Y están en proceso siete proyectos más con cuatro fiscalías estatales y tres comisiones locales de búsqueda de Baja California, Baja California Sur, Durango, Guerrero, Nayarit, Tlaxcala y Yucatán.
MSS
