Las cuentas bancarias, tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, seguros de vida y hasta el número telefónico de la diputada federal de Morena y ex alcaldesa de Rosarito, Hilda Brown, se encuentran congelados desde la semana pasada.
Para regresar a la normalidad tendrá que seguir el ejemplo de Rafael Márquez, uno de los pocos mexicanos que ha logrado salir de la lista negra de Washington.
Un oficio de la Unidad de Inteligencia Financiera a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), obtenido por MILENIO, revela que el 18 de septiembre se ordenó el congelamiento de todos los bienes financieros de Brown, como parte de una petición directa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Lo anterior, debido a sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
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¿Qué dice el oficio sobre los bienes financieros de Brown?
La orden se sustenta en el oficio, SIARA UIFB/2025/000938, que fue enviado por la UIF y la CNBV a todos los bancos e instituciones integrantes del sistema financiero mexicano el 18 de septiembre.
Esto, a través de un “requerimiento urgente” en lo que se conoce como Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información y Atención a Autoridades (SITIAA), un portal en el que se incluyen las instrucciones de aplicación inmediata.
En esta notificación se destaca la instrucción de remover todo tipo de acceso al sistema financiero a Hilda Araceli Brown Figueredo, orden que también aplica para la cuenta bancaria en la que se le deposita su dieta parlamentaria, en el banco Santander, que al cotizar en la bolsa de Estados Unidos debe atender la orden o enfrentarse a posibles sanciones secundarias.
De acuerdo con la información obtenida, la orden de la UIF parte de la solicitud unilateral del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y no significa que el gobierno mexicano comparta la decisión, aunque la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum debe acatar en función de los acuerdos firmados en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo multilateral del que México forma parte y tiene por meta combatir el lavado de dinero.
Cabe destacar que Sheinbaum sostuvo que el gobierno mexicano no encontró elementos para congelar las cuentas de Brown, como lo solicitaba Washington.
Por ello, el proceso de excluirla del sistema financiero se sustenta, en este momento, únicamente en las investigaciones del Departamento del Tesoro; en esencia, de forma poco habitual, el caso de la legisladora de Morena se ha convertido en un punto de desacuerdo entre las autoridades de inteligencia financiera de ambos países.
El ejemplo de Rafael Márquez
Las implicaciones del congelamiento financiero a Brown, que se respaldan en la Orden Ejecutiva 13224 de Combate al Financiamiento al Terrorismo, son amplias.
Para todo fin práctico, admitieron expertos consultados, la legisladora vive el equivalente a un 'exilio financiero' ya que casi todas las instituciones crediticias o de servicios de México tienen contacto directo o indirecto con Estados Unidos y no pueden darle servicios, ante el riesgo de sufrir represalias.
Esto va desde cualquier cuenta de ahorros que pudiera poseer, hasta los servicios de cable o internet de su domicilio o telefónicos. Según los antecedentes legales y de acuerdo a la OFAC, la única opción que tiene para recuperar sus cuentas, ahorros y hasta teléfono celular es convencer al Departamento del Tesoro respecto a su inocencia en torno a sus presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa.
Sólo así, si presenta evidencias que desestimen las acusaciones de que favoreció al crimen organizado como alcaldesa de Rosarito, podrá conseguir el desbloqueo de su dinero, de manera similar a lo que hizo en su momento el futbolista Rafael Márquez, acusado por Washington de formar parte de una red de prestanombres del Cártel de Sinaloa.
Márquez, bloqueado en 2017, pudo defenderse y probar su inocencia ante el Departamento del Tesoro, pero el proceso tomó cuatro años, múltiples audiencias y la contratación de abogados especializados para llevar el caso.
“Cuando se acaba ni perdón te piden. Te dicen: ‘ah, ya vimos que no tienes nada. Está bien. Sigue con tu vida normal’, después de que perjudicaron tu imagen, tu economía”, recordó en 2022, en una entrevista. “Es una chingadera”.
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