Familiares de personas desaparecidas piden ser voz de víctimas en el Consejo Nacional de Búsqueda

Familiares de personas desaparecidas pidieron ser la voz de las víctimas en el Consejo Nacional de Búsqueda, durante su comparecencia como aspirantes a consejeros honoríficos, ante las comisiones de Gobernación y Derechos Humanos del Senado.

Margarita Valdez Martínez, presidenta de la Comisión de Gobernación, indicó, en nombre de los senadores, que entienden la situación por la que pasan los familiares de personas desaparecidas, por lo que les piden confiar en el proceso de designación.

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Aseguró que “las y los familiares de personas desaparecidas son voces con gran autoridad moral para decirnos qué hacer y qué no hacer en esta materia. Yo me llevo de ustedes la satisfacción de escucharlos”.

Además, dijo, es importante decir que “ya tenemos legislación para una búsqueda de personas más eficiente y para que las autoridades sean más sensibles. Se trata de un antes y un después construido entre todos”.

Durante este primer día de comparecencias participaron 14 aspirantes registrados en los rubros de familiares de personas desaparecidas y de organizaciones civiles, toda vez que el Consejo Nacional Ciudadano se integrará por cinco familiares, cuatro especialistas y cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil.

El primero en tomar la palabra fue Francisco Javier Espinosa Granados, quien señaló que su voz es a nombre de las familias que tienen algún integrante desaparecido, como en su caso, que desde hace 18 años está desaparecido su hijo.

La desaparición de personas, consideró, se “puede prevenir”, pues cuando trabajan en conjunto autoridades de los tres órdenes de gobierno, asociaciones civiles y familias, se pueden realizar políticas públicas en materia de prevención, pero “siempre con las familias”.

Importante, escuchar a las víctimas

En su turno, Araceli Magdalena Rodríguez Nava afirmó que su hijo es uno de los siete policías federales y un civil desaparecidos en cumplimiento por una “omisión del gobierno”, por lo que para buscarlos formaron el colectivo Colibrí. Es un movimiento que no lucra con el dolor ajeno, pues es una “tortura continuada”, agregó. 

De ahí que considere a la búsqueda de los familiares como una “constante agonía”, por lo que estimó que es importante escuchar a las familias de las víctimas, brindarles acompañamiento y garantizar sus derechos.

José Andrés Méndez Ñeco, miembro del colectivo Amor por los desaparecidos en Tamaulipas, relató que tiene 12 años en la búsqueda de su hermana y sostuvo que no es suficiente con protocolos o leyes para encontrar a sus familiares.

Además, añadió, se requiere el trabajo de los tres órdenes de gobierno, de empatía por parte de las autoridades y del Ministerio Público, realizar los enlaces entre víctimas indirectas, no esperar hasta las 72 horas para atender una denuncia y tomar en cuenta a las familias.

Alejandrina Fabiola Orozco Romano, refirió que ella es una madre buscadora y puede decir que la búsqueda de su hijo la ha llevado a ser “víctima” de las fiscalías, hecho que viven muchas familias, que no sólo son víctimas de la delincuencia organizada.

Por ello, hizo un llamado para terminar la “hostilidad” hacia ellas al hacer búsquedas en lugares específicos; anticipó que, en caso de ser consejera, será la voz de las familias, de sus desaparecidos, a fin de trabajar con las y los senadores para garantizar sus derechos, encontrar a las personas desaparecidas, capacitar a las autoridades encargadas y “aplicar la ley” con la intención de evitar este delito.

María Isabel Cruz Bernal comentó que es una madre buscadora y “que perdió a su otro hijo por la tristeza y la impotencia”, por lo que su objetivo es ser consejera ante la tragedia de las desapariciones, “un flagelo en donde toda la sociedad es culpable”.

Todas las familias, enfatizó, merecen justicia y saber dónde está su ser querido, ya que nadie eligió estar en esa situación ni buscar en fosas clandestinas, penales, hospitales, reclusorios; de ahí se deben agilizar las labores de campo y la identificación forense, de manera que la participación de las familias “no es una opción, sino un derecho”, pues “nos están matando” por buscar a los nuestros.

Por otra parte, Diana Alvarado Álvarez indicó que ella es una hija buscadora, que desde 2016 busca a su madre, por tal motivo es que pretende ser consejera para que ninguna familia enfrente sola un proceso tan doloroso.

Para ello, añadió, se tiene que escuchar a las familias, orientarlas y trabajar en conjunto con los tres órdenes de gobierno, “porque sí se puede”, ya que son las familias las que conocen de fondo la problemática y lo que se necesita para la búsqueda y localización.

Adela Alvarado Valdés dijo que la “negligencia, indiferencia y revictimización” es algo que de lo que viven las familias por parte de las autoridades, como le sucedió desde que desapareció su hija.

Advirtió que, aunque hay leyes en la materia, hasta este momento no se ha logrado el mecanismo extraordinario de identificación forense y pese a que las madres buscadoras piquen piedra y el dolor se transforme en una lucha digna, no hay nada de apoyo para encontrar a sus hijos e hijas, “yo no elegí ser madre buscadora ni buscar entre cadáveres o huesos, es un dolor tremendo”.

En el segundo bloque de comparecencias, Miriam Jaqueline Palmero Rosas relató que es madre buscadora porque hace cinco años desapareció su hija, por lo que ahora está en la defensa de las niñas, niños y adolescentes que son revictimizadas o desaparecidos. Sostuvo que es posible trabajar en equipo entre las instituciones y las familias para construir soluciones, sobre todo cuando son menores de edad, quienes no son vistos ni reconocidos, por lo que es fundamental “consultar” a las familias.

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Marco Antonio Velázquez Sosa dijo ser tío buscador, porque su sobrino desapareció cuando migró en busca del sueño americano, por lo que una de sus propuestas es que las familias sean la voz de los desaparecidos, incluidos los migrantes; que se usen las redes sociales para fomentar la prevención de la desaparición y para la localización.

Isela Berenice Olimpia Montoya Juárez, hermana de Marco Antonio Montoya Juárez, desaparecido en desde 18 de marzo de 2017, precisó que, de llegar al Consejo, promovería herramientas que permitan eficientar las búsquedas, porque “nuestros familiares pueden estar en situación de calle en algún lugar del país o fuera de él”.

Emanuel Adrián Jiménez García, inscrito al proceso en el bloque de organizaciones civiles, subrayó que “trabajamos por justicia, verdad y memoria; esta es una postulación que no es solo mía, sino un esfuerzo en conjunto de los colectivos de lucha, resistencia y construcción de propuestas”. Desde el Consejo, comentó, impulsará la participación vinculante de las familias de personas desaparecidas.

También de organización civil, Blanca Patricia Talavera Torres estimó contar con la experiencia necesaria para ser parte del Consejo.

“Mi propuesta es cerrar espacios a la ineficiencia gubernamental, a la corrupción y la indolencia de las instituciones, porque a veces ven a las personas desaparecidas como un número más”, señaló.

A su vez, María del Carmen Zamora Villedas señaló que hay un gran problema de desapariciones, particularmente en el Estado de México, entidad en la que falla su fiscalía, los recursos no llegan a las células de búsqueda, no hay patrullas y hay muchas carencias que imposibilitan las búsquedas.

Denunció que entre febrero y mayo de este año el colectivo en el que participa encontró 10 cuerpos en el Canal Cartagena, en Ecatepec, pero “hay oídos sordos y las autoridades han normalizado las desapariciones”.

Por su parte, Omaira de Jesús Ochoa Mercado aseveró que sin las familias y sin organizaciones civiles no es posible un sistema nacional de búsqueda legítimo y eficaz, por lo que “mi participación en el Consejo estaría centrada en las víctimas, en impulsar mecanismos con enfoques diferenciados y el fortalecimiento de las capacidades institucionales”.

La senadora Valdez Martínez indicó que durante tres días las comisiones conocerán el plan de trabajo y méritos de las y los aspirantes, a fin de integrar la lista con las personas que estén en condiciones de elegibilidad.

Para este proceso se registraron 138 ciudadanas y ciudadanos, de los cuales, 44 completaron el procedimiento; 12 personas están inscritas para la categoría de familiares, 11 como representantes de las organizaciones civiles y 21 como especialistas.

Según lo establecido en el acuerdo, a más tardar el viernes 15 de agosto los órganos legislativos remitirán a la Junta de Coordinación Política el dictamen fundado y motivado con el listado de las y los candidatos que reúnen las condiciones de elegibilidad.

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