La regidora de Pachuca del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Nadya Reina Camacho, solicitó a la Contraloría Municipal investigar la falsificación de un sello oficial en 2022 en la anterior administración del ayuntamiento y determine la responsabilidad correspondiente además de colaborar con las autoridades competentes para establecer la responsabilidad penal de quienes, teniendo conocimiento, decidieron no actuar.
En sesión del cabildo de Pachuca este jueves la regidora señaló que en abril de 2022 la entonces secretaria de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del municipio, Yamilleth Salazar Márquez, denunció ante el Ministerio Público la falsificación de un sello oficial.
“La importancia de este sello radicaba en la validación de la entrega de artículos por parte de una empresa privada al municipio, en el marco de la celebración del día de policía, en otras palabras, se utilizó un documento falso para pagar una factura y con ello posiblemente desviar recursos, al día de hoy no existe certeza si ese sello si utilizó en esa única ocasión o fue objeto de más hechos fraudulentos”, sostuvo en presencia de regidores y del presidente municipal, Jorge Reyes Hernández.
Nadya Reina enfatizó que resulta inapropiado el acto de la falsificación y aún más, dijo, la omisión posterior y apuntó que la ex secretaria de Seguridad Pública informó a la ex secretaria de Administración y al entonces presidente municipal, Sergio Baños Rubio, de los hechos.
“A pesar de haber sido advertidos, no se tomaron medidas, esa inacción, frente a un hecho ilícito, constituye una falta grave”.
Subrayó que no actuar cuando se tiene conocimiento de una irregularidad es encubrir.
“Es permitir que se consumen actos administrativos que comprometieron recursos públicos, la ley es clara, los servidores públicos tenemos la obligación legal y ética de actuar ante cualquier irregularidad, la omisión deliberada propicia la impunidad y debilita el estado de Derecho”.
Añadió que desde la Comisión Especial Anticorrupción que preside se ha impulsado una agenda para inhibir prácticas indebidas, fortalecer los mecanismos de control y garantizar que quienes hayan cometido irregularidades rindan cuentas.
