Mariana Rodríguez acudió a dos audiencias de alegatos en la Sala Superior del Tribunal Electoral para pedir protección para ella, para su equipo y para los magistrados electorales de Nuevo León mientras se resuelven las impugnaciones en contra del triunfo de Adrián de la Garza en la presidencia municipal de Monterrey.
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón circuló un proyecto en el que planea que no existe “un riesgo inminente”, para que la candidata de Movimiento Ciudadano, Mariana Rodríguez se salte la instancia previa y sea la Sala Superior como máxima autoridad electoral, la que le conceda medidas de protección mientras se desarrollan las impugnaciones a los resultados de la elección municipal de Monterrey.
El proyecto circulado al interior de la Sala Superior, del que MILENIO tiene una copia y que al ser un asunto general se comenzará a votar por WhatsApp sin plazo establecido para resolver, propone reencauzar la petición de Mariana Rodríguez a la Sala Regional Monterrey para que siga el proceso habitual, al no encontrar elementos que pongan en riesgo la vida, la integridad o la libertad de ninguna persona.
Apenas este martes, Mariana Rodríguez acudió acompañada de sus abogados Héctor Mateos y José Francisco Torres, a dos audiencias de alegatos en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, y por separado con el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y la magistrada Janine Otálora.
Mariana Rodríguez presentó dos juicios bajo la figura de Asuntos Generales pues no se trata de una impugnación, sino de una petición poco usual en la Sala Superior, al solicitar protección para ella, su equipo y las magistraturas electorales de Nuevo León, pues acusó “temor de intimidaciones” orquestadas por el priista Adrián de la Garza, ante quien perdió la elección por la presidencia municipal de Monterrey.
Por lo que incluso, pidió hasta una atracción directa de la Sala Superior para las impugnaciones de la presidencia municipal de Monterrey y que el TEPJF pidiera la intervención de la Fiscalía General de la República.
En los expedientes SUP-AG-126/2024 y SUP-AG-127/2024, en los que Mariana Rodríguez pidió que su nombre aparezca como un dato protegido, Movimiento Ciudadano expone que “antes de la jornada electoral y en los días siguientes a la presentación de la demandad de juicio de inconformidad ante el Tribunal Electoral local, se ha desarrollado un escenario de intimidación y violencia en contra de las personas militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, de las personas que participaron en la campaña y de las que forman parte del equipo jurídico del partido y de la entonces candidata Mariana Rodríguez Cantú.
“Los actos que refiere el partido incluyen, entre otros, la detención de personas militantes y simpatizantes, amenazas de detención y cateos en sus domicilios por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, así como de la Agencia Estatal de Investigaciones, poniendo en peligro su integridad física, sicológica y emocional, así como su libertad”.
Además, Mariana Rodríguez a través de Movimiento Ciudadano también pide “un exhorto a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a la Agencia Estatal de Investigaciones y a la Policía Ministerial para que, el ejercicio de sus atribuciones se ciña a lo dispuesto por la Constitución general, la liberación inmediata e incondicional de las personas detenidas por la Fiscalía, que se evite la ejecución de cateos que no cumplan con las formalidades de ese tipo de medidas.
“Así como la intervención de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, además del dictado de medidas de protección para garantizar que las magistraturas del Tribunal Electoral local y demás personal de ese órgano jurisdiccional puedan desarrollar sus actividades con independencia y autonomía. Y solicita que en su defecto, este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conozca directamente del juicio promovido en contra de los resultados de la elección del municipio de Monterrey, Nuevo León”.
Fuentes de primer nivel detallaron a este medio que en las audiencias privadas de este martes, Mariana Rodríguez presentó a los magistrados las fotografías de simpatizantes o cercanos a su campaña agredidos y señaló que hay 20 personas injustamente encarceladas, como parte de una persecución en su contra. Y aseguró que los magistrados electorales locales no se sienten seguros para resolver estos casos y que por lo tanto, no podrán juzgar con libertad.
Los asuntos se turnaron al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón quien este miércoles circuló su proyecto entre sus pares que no se votará en sesión pública por no tratarse de alguna impugnación sino de una petición.
El magistrado concluye que “de la lectura íntegra de los escritos y del análisis de pretensiones, no se advierten elementos que lleven a concluir por qué el asunto es de importancia y trascendencia para que lo atraiga la Sala Superior”, pues la Sala Regional Monterrey también tiene las competencias para emitir las medidas cautelares que solicita.
Expone que estas peticiones sólo se actualizan en casos urgentes en los que exista un riesgo inminente para la vida, la integridad y/o libertad de quien las solicita, lo que no se actualiza con las pruebas presentadas pro Movimiento Ciudadano y Mariana Rodríguez, pues incluso señala que por un lado alegan que se requiere intervención federal y por el otro, reconocen avances a nivel local.
“De una revisión preliminar al material presentado, no se advierte un peligro o riesgo inminente que actualice la necesidad de que esta Sala Superior emita las medidas de protección solicitadas, pues cuando el promovente realiza manifestaciones en el sentido de que diversas personas se encuentran privadas de su libertad.
“Pero lo cierto es que él mismo reconoce que se resolvió la queja 178/2024 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en la que se ordenó una audiencia inmediata para que a una de esas personas se les dejara en libertad y se le impusiera cualquier otra medida cautelar, menos la privativa de la libertad”.
Por lo que la Sala Regional Monterrey deberá analizar el resto de medidas cautelares con mayor escrutinio y tomar una decisión bajo el procedimiento habitual, sólo de no estar de acuerdo, Mariana Rodríguez podría impugnar ante la Sala Superior.
Desde este miércoles, el proyecto se puso a consideración de las magistraturas de la Sala Superior quienes votarán vía WhatsApp sin una sesión pública y sin tiempo fijo para que resuelvan y de ser el caso, lo remitan a la Sala Regional Monterrey para iniciar el procedimiento normal.
