El Congreso de Jalisco recibió este viernes en el recinto legislativo una propuesta con miras a la Reforma Constitucional federal en materia de transparencia. Los encargados de llevar este plan con miras a 2026 fueron los integrantes del grupo Compromiso Jalisco, compuesto por 40 personas.
Vicente Viveros, presidente de este comité en su rama de participación social, detalló cuáles son las atribuciones que tendrá este consejo consultivo.
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"La reforma constitucional y la ley general de transparencia dan poco margen de maniobra, son obligaciones que en todos los estados debería asumir la Contraloría del estado y las Secretarías anticorrupción dependiendo de cómo se llamen. La idea es que la Contraloría del Estado la acompañe un Consejo Consultivo Ciudadano donde haya representación de expertos, universidades e integrantes de la sociedad civil interesados en el tema, como funciona ya el consejo consultivo del propio Instituto de Transparencia", relató Viveros.
¿Quién conforma al grupo Compromiso Jalisco?
El grupo Compromiso Jalisco por el derecho a la información se integró el 8 de diciembre de 2024 ante los cambios constitucionales en materia de acceso a la información, transparencia y protección de datos personales; está integrado por 40 personas, entre académicos, periodistas, y ciudadanos interesados en el tema, quienes entregaron este viernes en el recinto legislativo de Jalisco, la propuesta.
"El consejo tendría las atribuciones respecto de poder darle o resolver los recursos que se presenten al respecto, pero con un acompañamiento ciudadano, tratando de que no sea juez y parte la propia autoridad o el órgano garante en este caso, como se señala en la reforma constitucional", explicó José Elías García Parra, académico de la Univa.
Esta propuesta busca que la norma y reglamentación sea homogénea y aplique a los más de 580 sujetos obligados que hay en Jalisco. Es decir, que todos tengan las mismas obligaciones, incluyendo el resto de los poderes y los organismos autónomos, con el fin de que la transparencia siga los lineamientos de la Reforma Federal pero con una construcción estatal propia e la que se respete el derecho de acceso a la información pública y la transparencia.
"La contraloría del estado solamente es el órgano garante para el poder ejecutivo y los 125 ayuntamientos del estado, que es donde todos nos concentramos, pero no tenemos que dejar de lado que estas obligaciones también caen en el propio Congreso del Estado, en el poder judicial, en los organismos constitucionales autónomos y en el tribunal de arbitraje y escalafón para los temas laborales", concluyó García Parra.
La propuesta también sugiere que haya una agencia estatal digital con archivos que permitan contar con toda la información disponible a la brevedad posible y que haya un ejercicio de parlamento abierto para escuchar a la ciudadanía interesada en participar en el tema.
OV
