Un grupo de repartidores de aplicaciones que trabajan para distintas empresas acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solicitar a los ministros que no se aplique el 2 por ciento de impuesto que deben pagar las plataformas al gobierno de la Ciudad de México por el aprovechamiento de la infraestructura de la capital.
Es de mencionar que, en diciembre de 2023, la Segunda Sala de la Corte dejó claro que los repartidores no tienen interés jurídico para reclamar la inconstitucionalidad del artículo 307 TER del Código Fiscal de la Ciudad de México.
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Lo anterior, porque el impuesto solo está previsto para las personas físicas o morales que realicen actividades de intermediación, promoción o facilitación digital a través de plataformas informáticas de control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, para la interconexión que permita a los usuarios contactar con terceros oferentes de bienes.
Tema se discutirá en próximas semanas
El tema está previsto que se discuta de nuevo en las próximas semanas, porque la ministra Loretta Ortiz Ahfl hizo público en noviembre pasado un proyecto de sentencia en el que propone amparar a la empresa Delivery Technologies, la cual cuenta con diversas aplicaciones digitales que conectan a los clientes con los restaurantes para facilitar el proceso de pedido y entrega de comida u otros artículos.
En diciembre de 2021, el Congreso de la Ciudad de México reformó al artículo 307 Ter del Código Fiscal local, el cual establece el cobro a las empresas que administran aplicaciones móviles para envíos y entregas a domicilio.
El legislador consideró que la restricción de movimiento social con motivo de la pandemia causada por el covid-19 provocó una aceleración vertiginosa en el crecimiento del comercio electrónico, en la cual destacó el sector de la entrega de alimentos, mercancías o víveres.
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Por ello, avalaron que se cobre el porcentaje del total de las ventas, por cada entrega de personas físicas o morales que operen, utilicen, administren aplicaciones móviles, a través de las cuales los usuarios puedan contratar la entrega de paquetería, alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía con entrega en territorio nacional.
Loretta Ortiz propone ratificar el amparo concedido por un juez federal.
El juez de primera instancia consideró que el artículo transgrede el principio de legalidad tributaria, toda vez que el primer párrafo dispone que “por el uso y/o explotación de la infraestructura de la Ciudad de México”, pero, en ningún momento se indica a qué infraestructura se refiere.
Ahora, la ministra subraya en su propuesta que la reforma se trata más de una contribución que de un aprovechamiento.
“Del precepto en estudio y del proceso legislativo del que derivó, no se advierte que se hayan considerado criterios de eficiencia económica y saneamiento financiero para su establecimiento, en realidad los elementos cuantitativos del derecho se refieren al beneficio obtenido por los particulares con motivo del uso y/o explotación de la infraestructura de la Ciudad de México.
"Incluso, al tratarse de una contraprestación establecida mediante una ley formal y material no es posible que las autoridades administrativas modifiquen sus elementos cuantitativos, lo que confirma que la norma reclamada establece una contribución y no un aprovechamiento”, menciona la propuesta.
No obstante, los repartidores que trabajan para estas aplicaciones temen que el porcentaje se les aplique a ellos.
Georgina Córdova, quien pertenece al grupo de Repartidores Unidos de México, dijo que la manifestación en la Corte fue porque hace unos días se enteraron de que empezaron a retomar “lo de aplicar un impuesto del 2 por ciento por el uso de las vialidades en la Ciudad de México”.
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HCM
