Durante los primeros cinco meses del 2025, al menos 11 personas de nacionalidad colombiana han sido detenidas en Guanajuato capital por su presunta relación con esquemas de préstamos “gota a gota”, según lo informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García.
Sin embargo, la mayoría han quedado en libertad tras cometer únicamente faltas administrativas o al promover amparos legales ante el Instituto Nacional de Migración (INM).
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El caso más reciente ocurrió durante la primera semana de mayo, cuando un hombre colombiano fue detenido tras agredir a una persona.
Aunque en principio se planeaba su traslado al INM en León, el individuo presentó un amparo y fue liberado, según confirmó el funcionario en entrevista.
“Es un tema complejo y subjetivo, pero tenemos que analizarlo de manera integral. Nosotros acudimos a este tipo de situaciones por faltas administrativas; sin embargo, la mayoría se derivan de préstamos gota a gota. No podemos señalar ni juzgar si no hay un delito como tal”, explicó Ugalde.
¿Qué son los préstamos “gota a gota”?
Los préstamos “gota a gota” se caracterizan por su aparente accesibilidad ya que se otorgan sin aval ni garantías, con pagos diarios o semanales de bajo monto, pero con intereses altísimos.
Aunque por sí mismos no constituyen un delito, frecuentemente derivan en actos como amenazas, extorsión, agresiones físicas, robo o incluso lavado de dinero.
Las víctimas, en muchos casos, no denuncian por miedo o vergüenza.
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Las autoridades municipales han señalado que carecen de atribuciones legales para investigar o sancionar este tipo de actividades como delito, por lo que se ven limitadas a actuar únicamente cuando se infringe algún reglamento o se comete una falta administrativa.
En palabras del secretario: “Estamos atados de manos… esto corresponde a la Fiscalía del Estado y a la Fiscalía de la República”.
Ugalde aseguró que este fenómeno no es exclusivo de Guanajuato capital, y que lleva varios años exponiendo el problema en la Mesa de Construcción de Paz que se realiza diariamente con autoridades estatales y federales.
A pesar de las reiteradas solicitudes, aún no existe una acción coordinada a nivel federal para atender la problemática con mayor rigor.
“Llevamos 4 o 5 años exponiendo esto en la mesa. Lo hemos dicho con claridad, se requiere la intervención directa del Instituto Nacional de Migración y del gobierno federal, porque este tipo de operaciones se están replicando en muchas ciudades del país, no solo aquí”, concluyó el funcionario.
