En Guanajuato, 148 niñas, niños y adolescentes se encuentran actualmente en espera de ser adoptados: 47 bajo tutela estatal y 101 bajo custodia de los municipios, de acuerdo con datos de la Procuraduría Estatal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (PEPNNA).
En entrevista para MILENIO, Teresa Palomino, titular de la PEPNNA, comentó que durante este 2025 van 30 niños, niñas y adolescentes dados en adopción; mientras que en el 2024 sumaron un total de 53.
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El año pasado fue el de mayor actividad en este rubro desde la creación del organismo en 2019, superando las cifras de 2023 y 2022. En 2024, los 53 juicios de adopción beneficiaron a 65 menores, debido a que algunas familias adoptaron a grupos de hermanos. La funcionaria destacó que esta tendencia responde a procesos iniciados con anterioridad y a una recuperación de los trámites postpandemia.
Actualmente, una de las limitantes más relevantes para concretar adopciones es la edad de los menores. El 95 por ciento de las solicitudes provienen de familias interesadas en adoptar a niñas y niños de entre 0 y 6 años, lo que reduce las posibilidades de adopción para menores mayores de 7 años. Una vez que un niño supera esa edad dentro del sistema, su probabilidad de ser adoptado disminuye a solo 5 por ciento, explicó Palomino.
La procuradora también informó que en 2024 se realizaron más de 500 asesorías y sesiones de orientación a familias interesadas a través del taller "Acercamiento a la adopción". No obstante, solo una parte de las personas asistentes continúa con el proceso legal.
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El procedimiento incluye varias etapas: primero, se realiza el juicio de pérdida de patria potestad de los padres y abuelos; posteriormente, el menor pasa al proceso de emparentamiento, que incluye visitas progresivas con la familia adoptante, salidas externas y convivencias domiciliarias. Este proceso puede durar en promedio 45 días antes de presentar la solicitud formal ante el juez.
Palomino recordó que los menores bajo tutela estatal han sido separados de sus familias principalmente por violencia física, psicológica y negligencia grave. La Procuraduría actúa bajo medidas de protección judicial y se convierte en tutora legal de los menores hasta que se define su situación jurídica.
