El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) emitió sus conclusiones tras la comparecencia del Estado mexicano que se llevó a cabo el 17 y 18 de junio en Ginebra, Suiza.
Reconoció que si bien se han notado avances significativos en materia de género en los últimos años y que la llegada de la primera presidenta, Claudia Sheinbaum, así como la creación de la Secretaría de las Mujeres sienta un precedente positivo en este sentido, aún queda un largo camino por recorrer de parte del gobierno para garantizar la igualdad y una vida libre de violencia para las mujeres.
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Cedaw pide garantizar perspectiva de género
Dentro de las conclusiones, señaló que si bien se da visibilidad a las recomendaciones de la Cedaw y existe un Comité de Seguimiento que vigila el cumplimiento de las observaciones, éstas realmente no se han usado en los procedimientos judiciales del Estado para la implementación de políticas públicas.
Señalaron que es importante se continúe sensibilizando a las mujeres sobre sus derechos humanos amparados por la convención, asimismo que las recomendaciones generales formen parte integral del desarrollo sistemático de la capacidad de jueces, fiscales, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Además resaltaron la importancia de que se modifique su legislación para incorporar una definición integral de discriminación contra la mujer, de conformidad con el artículo 1 de la convención, que abarque tanto la discriminación directa como la indirecta, así como las formas múltiples e interseccionales de discriminación, tanto en los ámbitos público como privado.
También que se fortalezca la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación para fortalecer su justiciabilidad y garantizar recursos legales efectivos para las mujeres que sufren discriminación.
Llama a proteger a grupos vulnerables
En otros temas, el comité reconoció la adopción de protocolos para incorporar la perspectiva de género en los procedimientos judiciales y los esfuerzos del Estado parte para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres indígenas y las mujeres con discapacidad.
Sin embargo, señalaron que es necesario revisar el uso de la prisión preventiva obligatoria, especialmente contra grupos vulnerables de mujeres, como las indígenas, las mujeres en situación de pobreza y las que ejercen el trabajo sexual, y garantizar la presunción de inocencia y su derecho a la libertad y la seguridad personales.
Así como adoptar medidas prácticas para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres, asegurando la provisión de medidas de accesibilidad, incluyendo ajustes y procedimientos razonables, así como en lenguas indígenas, y garantizando el acceso a la justicia de las mujeres legalmente incapacitadas.
Mencionaron los desafíos a la independencia institucional de la Secretaría de las Mujeres y la insuficiente consulta significativa con las organizaciones de la sociedad civil en dichos procesos de reforma.
A su vez, destacaron la necesidad de fortalecer el mecanismo nacional para el adelanto de la mujer, garantizando la suficiente independencia institucional para coordinar las políticas de igualdad de género en todos los departamentos gubernamentales, en colaboración con diversas organizaciones de la sociedad civil.
Esto aunado a garantizar recursos humanos, técnicos y financieros eficaces y sostenibles para los programas de derechos de las mujeres e igualdad de género, y garantice una presupuestación con perspectiva de género y la transparencia en la presentación de informes sobre las asignaciones presupuestarias.
Además de proveer estructuras transparentes para garantizar el acceso de todas las mujeres a la información pública, incluida la relativa a la prevención y la respuesta a la violencia de género contra la mujer, esto ante la desaparición del INAI.
Dentro de las conclusiones también se pidió implementar estrategias eficaces de protección contra la trata de personas para grupos desfavorecidos de mujeres, como adolescentes, migrantes, desplazadas, pobres, LGBTI, indígenas y afromexicanas, garantizando su participación significativa en el diseño e implementación de políticas;
Además de abordar el nexo entre la trata y las redes de crimen organizado fortaleciendo la coordinación entre las fuerzas del orden e implementando estrategias integrales de prevención; investigar, procesar y sancionar adecuadamente a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley involucrados en la trata de personas.
Comité expresa preocupación para proteger a madres buscadoras
También mencionaron que el desmantelamiento del Seguro Popular en 2020 y los desafíos con su sistema sustituto, el IMSS-Bienestar, han afectado desproporcionadamente a grupos vulnerables de mujeres, en particular a las mujeres pobres, rurales, indígenas y con discapacidad.
Lo cual se ha visto reflejado en la disminución significativa de los servicios de salud preventiva, incluyendo las pruebas de detección del cáncer de mama y los programas de prevención del cáncer cervicouterino, y la escasez de medicamentos esenciales, incluyendo el tratamiento del cáncer y anticonceptivos, en las clínicas de salud pública.
Por último, el comité expresó su preocupación sobre la situación de las buscadoras en México, las cuales son víctimas de un tipo de violencia diferenciada no solo de parte de las autoridades sino también de la sociedad que en algunos casos las discrimina, por lo cual la Cedaw instó al Estado mexicano a reconocerlas como una categoría especial de defensoras de derechos humanos y sean incluidas en mecanismos de protección especiales.
Gobierno de México se compromete a trabajar a favor de las mujeres
Tras la presentación de estas conclusiones, el gobierno de México a través de la Secretaría de las Mujeres agradeció el reconocimiento de avances positivos y reafirmó su compromiso de atender los desafíos en apego a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
En este sentido mencionaron que para la presidenta Claudia Sheinbaum seguir avanzando hacia la igualdad de género es una de las más altas prioridades, por lo que México tomará nota de los desafíos que el comité ha identificado como prioritarios y reafirma su compromiso por seguir atendiendo los mismos en apego de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
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