A seis años del devastador incendio en una toma clandestina de ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en Tlahuelilpan, Hidalgo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido un Informe especial contundente, señalando graves incumplimientos por parte del Estado mexicano y evidenciando la persistencia de vulneraciones a los derechos humanos de las víctimas y la comunidad afectada. El informe subraya la responsabilidad estatal en la tragedia que cobró 138 vidas y dejó a 194 menores en orfandad.
La CNDH destaca que la tragedia no fue un hecho aislado, sino que “se gestó en un contexto socioeconómico particular”. Tlahuelilpan, un municipio con una importante presencia indígena, enfrenta altos índices de pobreza y un rezago significativo en comparación con la media estatal. La falta de empleo formal y el bajo desarrollo humano incrementan la vulnerabilidad de su población, cuya economía se basa en actividades agrícolas, ganaderas y pequeño comercio.
Además, el incidente del 18 de enero de 2019 se produjo en un escenario de escasez de gasolina y una intensa mediatización de la información, factores que, según la CNDH, contribuyeron a la masiva concentración de personas en el lugar del derrame. La inhalación de vapores químicos también generó confusión y alteración en los sentidos de los presentes, haciendo “materialmente imposible su control y retiro” una vez que la multitud se desbordó.
El informe detalla cómo elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) detectaron inicialmente la toma clandestina con 8 a 10 civiles, un número que escaló a aproximadamente 800 personas en menos de una hora. El aumento de la presión en el ducto provocó una columna de combustible de diez metros de altura, y a pesar del cierre de válvulas, el líquido remanente siguió siendo expulsado, haciendo inevitable el incendio de “grandes dimensiones y elevada tasa de letalidad”.
La CNDH reconoce que se movilizaron una gran cantidad de recursos por parte de diversas instituciones federales y estatales para atender la emergencia, incluyendo a PEMEX, SEDENA, SEMAR, CFE, y la Secretaría de Salud. El costo financiero de esta respuesta ascendió a 85.57 millones de pesos. En cuanto a los procedimientos de atención y mitigación, la Comisión concluye que las acciones iniciales fueron aplicadas de manera oportuna y adecuada.
Fallas en la prevención y la debida diligencia
A pesar de la respuesta de emergencia, las observaciones más críticas de la CNDH apuntan a la falta de previsión y la debida diligencia por parte de PEMEX y el Estado. La Comisión señala que las acciones adoptadas por la SEDENA y PEMEX en el marco del “Plan Conjunto del Gobierno de la República para Combatir el Robo de Hidrocarburo PEMEX” generaron impactos negativos por el desabasto inicial, sin contemplar medidas de protección a la salud o al medio ambiente.
Aunque la SEDENA estaba facultada para detener a las personas en flagrante delito, la rápida superación numérica hizo imposible la aprehensión inicial.
Que PEMEX admitió que sus procedimientos ante tomas clandestinas carecían de un enfoque preventivo, centrándose solo en lo correctivo. Además, la Norma Oficial Mexicana aplicable había perdido vigencia, y los recursos humanos y materiales de la empresa son insuficientes para la vigilancia de su vasta red de ductos. El sistema SCADA no cubre la totalidad de los ductos, lo que requiere verificación manual y a pie.
De este modo la CNDH enfatizó la necesidad urgente de que PEMEX invierta en la adaptación y modernización de sus procesos, alineándose con estándares internacionales y realizando evaluaciones continuas del impacto de sus operaciones en los derechos humanos.
Violaciones a derechos humanos y falta de reparación integral
El informe es enfático al establecer que, en opinión de la CNDH, se configuran violaciones a los derechos humanos en relación con la protección de la salud, la integridad personal, la protección del medio ambiente y la inobservancia del principio del interés superior de la niñez. Esto se atribuye al incumplimiento del Estado mexicano en adoptar medidas y disposiciones que garanticen la efectividad de estos derechos.
Los daños ambientales son innegables; se ha acreditado que los niveles de contaminación del agua y el suelo superan los límites permisibles, con una elevada concentración de hidrocarburos en el canal de riego, generando “daños irreversibles al medio ambiente”.
Lo más alarmante es la falta de reparación integral para las víctimas. A seis años de los hechos, no se han implementado mecanismos claros para determinar su condición ni su acceso a una reparación que incluya la remediación ambiental, seguimiento médico y psicológico, y medidas de atención permanente. Por el contrario, la CNDH denuncia que las personas han sido estigmatizadas y criminalizadas ante la “incapacidad institucional del Estado para garantizar el goce y la protección de los derechos humanos”.
Propuestas de la CNDH para garantizar justicia y no repetición
Con base en sus hallazgos, la CNDH emite una serie de propuestas contundentes dirigidas a diversas autoridades federales y locales, buscando la reparación del daño y la prevención de futuras tragedias. Las propuestas clave son a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SEMARNAT, ASEA, PEMEX, Gobierno de Hidalgo y Presidencia Municipal de Tlahuelilpan:
La autoridad exige un programa de remediación ambiental: Elaborar un programa coordinado y conjunto para la remediación ambiental en la zona afectada, con la participación activa de la comunidad y las personas damnificadas.
Además un plan de atención integral a víctimas: Diseñar un plan de atención que incluya una valoración objetiva de las afectaciones individuales y colectivas de deudos y sobrevivientes, con atención médica, psicológica y terapéutica, así como medidas para el restablecimiento de su dignidad y la prevención de la repetición de los hechos.
Campañas de sensibilización y legalidad: Implementar campañas coordinadas para sensibilizar a la población sobre los riesgos de la extracción ilegal de combustible y fomentar jornadas de legalidad y cultura cívica en las comunidades con alta incidencia.
Coadyuvar con la FGR: Colaborar con la Fiscalía General de la República para identificar a los responsables de los actos ilícitos y buscar la recuperación de los gastos efectuados.
Fórmulas jurídicas para debida diligencia: El Estado mexicano debe crear fórmulas jurídicas que exijan la debida diligencia en materia de derechos humanos por parte de las empresas estatales, incluyendo la expedición de normatividad con la participación de todos los actores relevantes: empresas, población, defensores de derechos humanos y sociedad civil.
Específicamente a Petróleos Mexicanos (PEMEX)
Atención médica a sobrevivientes: Garantizar que las 13 personas lesionadas sobrevivientes tengan acceso a la atención médica, psicológica y de rehabilitación necesaria para alcanzar el más alto nivel de sanación posible, previa valoración de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Reforzar vigilancia de ductos: Incrementar los recursos humanos y materiales para modernizar los procedimientos de vigilancia de ductos, instalaciones y equipos, así como para la capacitación y certificación de su personal.
Evaluación de Impacto Ambiental: Someter al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental el Poliducto Poza Rica-Cima de Togo-Azcapotzalco, incluyendo la elaboración de una Manifestación de Impacto Ambiental y el Estudio de Riesgo correspondiente.
Así como implementar debida diligencia en DDHH: Incorporar procesos de debida diligencia para el respeto de los derechos humanos en sus operaciones, que incluyan la evaluación de impactos, mitigación de riesgos, seguimiento de medidas y publicación de resultados, buscando los recursos necesarios para cumplir con este compromiso corporativo.
