La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y al Senado de la República a concretar el proceso de ratificación de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes y su Protocolo Adicional, con el objetivo de ampliar el marco jurídico nacional de protección a sus derechos y establecer obligaciones concretas para que las autoridades encargadas de su cumplimiento, diseñen e implementen políticas públicas, programas, servicios y mecanismos dirigidos a garantizar su bienestar y desarrollo.
La CNDH solicitó al Estado mexicano dar “pasos firmes y urgentes” hacia la ratificación de dicha convención para fortalecer el marco normativo existente e impulsar, a su vez, la expedición de una ley en la materia que incluya obligaciones para las autoridades de los tres niveles de gobierno, con especial énfasis en la implementación de espacios para expresar su opinión, mecanismos para la protección de las y los jóvenes con discapacidad, indígenas, afrodescendientes, migrantes, LGBTTTIQ+, entre otros.
La convención fue adoptada por el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, del que México es parte, y entró en vigor en 2008. Su importancia radica en que es el único instrumento internacional centrado en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las juventudes.
En 2016, se llevó a cabo un proceso de actualización que derivó en la emisión de su Protocolo Adicional, contando con la ratificación por parte de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, España, Honduras, República Dominicana y Uruguay.
LP
