La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) señala que el fraude, la extorsión y la violación a la intimidad sexual son los principales delitos cibernéticos que se investigan en la entidad.
Rosa María Cervantes Sampayo, directora general de los Centros de Atención Temprana (CAT), informó que semanalmente se abren entre tres y cinco carpetas de investigación en distritos judiciales como Pachuca, Tula, Tulancingo e Ixmiquilpan.
¿Cómo operan estos delitos?
Los delitos cibernéticos se llevan a cabo principalmente a través de redes sociales, correos electrónicos, aplicaciones como WhatsApp y plataformas digitales. El fraude y la extorsión, ambos de tipo patrimonial, comparten el objetivo de obtener un beneficio económico indebido. Sin embargo, la extorsión se distingue por el uso de violencia física o moral.
En el caso de la violación a la intimidad sexual, el delito se comete al compartir imágenes íntimas o eróticas de las víctimas sin su consentimiento.
Cervantes Sampayo destacó que las mujeres, niñas y adolescentes son las principales afectadas, lo que refleja una vulnerabilidad persistente en este tipo de casos.
Sanciones legales para los delitos cibernéticos
El Código Penal del Estado de Hidalgo establece penas severas para estos delitos:
- Fraude: de seis meses a diez años de prisión.
- Extorsión: de dos a ocho años de prisión.
- Violación a la intimidad sexual: de tres a seis años de cárcel.
Además, las denuncias de fraude se investigan de manera ordinaria, mientras que los casos de extorsión se turnan a la Unidad Especializada en el Delito de Secuestro. Las denuncias por violación a la intimidad sexual son atendidas por agentes de la Fiscalía de Género y Delitos Sexuales.
Principales incidencias y modalidades
En el fraude, los casos más frecuentes incluyen la venta de vehículos robados, tierras ejidales, viviendas y supuestos viajes ganados que resultan ser estafas. Por otro lado, las extorsiones suelen presentarse como cobros de derecho de piso, supuestos accidentes automovilísticos de familiares o amenazas de secuestro exprés, en las que se utiliza violencia para intimidar a las víctimas.
Cervantes Sampayo explicó que el 80 % de los casos de fraude se resuelven mediante mecanismos alternativos, como acuerdos reparatorios. Sin embargo, en delitos como la extorsión y la violación a la intimidad sexual, estas opciones no son viables, por lo que las denuncias se judicializan.
Finalmente, destacó que, aunque no existe un área especializada en la PGJEH para atender delitos cibernéticos, se han invertido recursos en ciberseguridad en las áreas de la Agencia de Investigación y la Unidad Antisecuestro. La coordinación con instancias federales solo ocurre en casos específicos de extorsión.
