La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo que sentó un precedente. Por un lado, reconoció como víctimas indirectas a la familia de Sandra Camacho Aguilar, quien murió a manos de Javier Méndez Ovalle, El asesino de Tlatelolco.
Por el otro lado, dio luz verde para que las fiscalías del país pongan freno a los medios de comunicación cuando revictimicen a las víctimas de feminicidio.
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Jurisprudencia para revictimización de feminicidios
Las ministras Loretta Ortiz Ahfl y Margarita Ríos Farjat, así como los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y Jorge Mario Pardo Rebolledo, apoyaron el proyecto de su homólogo Juan Luis González Alcántara Carrancá, el cual también establece que los Poderes Judiciales no podrán incluir consideraciones las cuales revictimicen a las víctimas o a sus familiares.
La sentencia se da a 12 años del crimen de Sandra Camacho Aguilar, cuyo caso provocó indignación nacional por la forma en que fue privada de la vida, y en la que se ensalzó al asesino como un “genio” y “estudiante modelo”.
Afuera de la Corte, la noticia fue celebrada por Nieves Aguilar Barragán y Juan Camacho, padres de Sandra, quienes estaban con su abogado Rodolfo Domínguez Márquez y funcionarias de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que por años les han dado acompañamiento.
También estuvo presente Irinea Buendía Cortez, madre de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio, cuyo caso obligó a la Corte en 2015 a emitir los criterios que deben seguir las fiscalías del país para atender los casos de muertes violentas de mujeres, es decir, ser investigados y juzgados desde una perspectiva de género y sin discriminación.
“Este día es histórico, el cual estábamos esperando con ansiedad”, declaró Nieves Aguilar.
A su vez, el abogado Rodolfo Domínguez mencionó que el proyecto aprobado reconoce que la cobertura mediática, la cual se realizó sobre este caso, especuló sobre la vida personal y sexual de la víctima.
Lo cual tuvo consecuencias en su derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad y sin discriminación, reforzó estereotipos de género y generó una revictimización en sus familiares, causándoles un sufrimiento adicional.
¿En qué consiste el proyecto?
El fallo de la Corte ordena llevar a cabo una nueva valoración probatoria que establezca que el feminicida agredió sexualmente a la menor. Además de reconocer que existía una relación de confianza al momento de los hechos, por lo cual deberá emitirse una sentencia mayor a la de 50 años.
De igual manera, deberán ser tomadas en cuenta medidas de reparación integral del daño a favor de las víctimas indirectas, a la luz de la perspectiva de adolescencia y de género.
El proyecto hace una crítica a los medios de comunicación por el lenguaje sexista, el cual cosifica y desvaloriza la vida de las mujeres.
Por lo que se avaló que en este caso la Procuraduría Federal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, así como las autoridades de la Ciudad de México, puedan solicitar como medida cautelar la suspensión o bloqueo de cuentas de usuarios en medios electrónicos, a fin de evitar la difusión de información, imágenes, sonidos o datos que puedan contravenir el interés superior de la niñez.
Cabe mencionar que para la Corte, las redes sociales son medios de comunicación, por lo que las cuentas que suban mensajes justificando feminicidios serán bajadas.
Con el fallo, se abrió la puerta para que cualquier fiscalía del país pueda hacer lo mismo en este tipo de delitos.
Precedentes del caso
Javier Méndez tenía 19 años al momento del crimen y estuvo pretendiendo a Sandra Camacho, de 17, quien tenía como proyecto de vida estudiar la carrera de nutrióloga en una universidad del Estado de México.
La contactó por la red social Facebook hasta que se ganó su confianza y la citó en una estación del Servicio de Transporte Colectivo (STC) Metro.
El crimen se cometió el 28 de junio de 2013, en el interior del departamento que vivía el ex estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN). El cuerpo de la adolescente fue desmembrado y sus restos esparcidos en bolsas en botes basura y en una jardinera de la Unidad Habitacional de Tlatelolco.
RM
