DOMINGA.– Unos explosivos cayeron del cielo, provocando un incendio voraz en el verano de 2024. En esos días calurosos, enjambres de drones sobrevolaron la Concordia, una zona serrana a unos 50 kilómetros de Mazatlán, en Sinaloa, y se escucharon estruendos de rifles de asalto. Eran grupos de pistoleros que se desplazaban en camionetas cuatro por cuatro, lanzando amenazas, incendiando casas. Unas 600 familias tuvieron que desplazarse de ahí.
La Concordia es una sierra boscosa y poco accesible, azotada por constantes enfrentamientos, debido a que ahí se ubicaba la guarida preferida de El Mayo Zambada, donde lo protegían los pistoleros de la familia Cabrera. La gente de las comunidades rurales tuvieron que abandonarlo todo dejando atrás sus casas y todo tipo de bienes para escapar apenas con unas maletitas.
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El 9 de septiembre de 2024 se cumple un año de la narcoguerra que emprenden las dos facciones del Cártel de Sinaloa. Una batalla entre los hijos de El Chapo Guzmán y los que honran al Mayo, aliados ahora al Chapo Isidro en el norte de Sinaloa y a Ismael Guzmán Loera El Guano, que controla zonas de Culiacán.
Es una violencia que ha sumergido en la penumbra a este estado del Pacífico, rico en agricultura, pesca y propicio para la amapola. Esta batalla ha tenido secuelas que nadie vio venir: negocios y escuelas cerrados, empleos perdidos, pérdidas millonarias. Y que se manifiestan aún con continuos bloqueos de carreteras, incendios y balaceras. Una tragedia sin precedentes ante las cifras de asesinatos y personas desaparecidas, sobresaliendo la muerte de 57 niños, víctimas colaterales de “chapitos” y “mayos”.
Para reportar el impacto de esta cruenta guerra recorrimos ciudades y regiones de Sinaloa, entrevistando a especialistas y recogiendo testimonios de las víctimas. El saldo a un año es trágico: miles de desplazados, desempleo, unos dos mil muertos y una cifra negra de desaparecidos.
Una narcoguerra azota a comunidades rurales de Sinaloa
Los enfrentamientos entre ambos bandos suceden en esta zona de la sierra que tiene límite con Durango. Una región montañosa, boscosa, con caminos vecinales a la que sólo puede accederse en vehículos cuatro por cuatro, los preferidos por ambos bandos.
La primera ola de violencia tuvo lugar en 2017, recuerda la activista Rita Tirado, de la colectiva feminista “Periferia Subversiva”, la principal organización que está apoyando a los desplazados que se han refugiado en la ciudad turística de Mazatán. Entonces se enfrentaban una facción de los Beltrán Leyva con los hijos del Chapo, encabezados por Iván Archivaldo Guzmán Salazar.
Los nuevos desplazados de este 2025, más de 600 familias, “llegaron pues con muchas necesidades. Se contactaron con nosotras algunas personas pidiendo apoyo para estas familias y fue así como […] los apoyamos. Hicimos colectas, les llevamos ropa, alimento, muchas cosas. Empezamos a organizar actividades para ellos. Ellos se enfrentaron a muchas situaciones, que son cosas que pasan a todas las personas que son desplazadas”, dice la activista.
El fuego y el humo se sumaron a las amenazas. El conflicto armado también provocó incendios forestales en la reserva natural del ave endémica chara pinta, en la comunidad de El Palmito, Concordia. Personas que aún se quedaron en la sierra “veían que lanzaban […] aparatos incendiarios,” dice Rita. Aunque ellos reportaron los incendios y pidieron ayuda, el gobierno tardó meses para enviar brigadas.
Durante la espera, las comunidades organizaron su propia defensa ante el fuego. Realizaron zanjas y cortaron maleza pero finalmente la lluvia ayudó a apagar el incendio. “Iban con sus propias herramientas y luego un paño así nada más, sin lentes, sin cascos, sin nada”. Como consecuencia “hubo un bloqueo al suministro de alimentos y además [los pistoleros] quemaron uno de los autobuses. El único que subía desde acá de Mazatlán hasta allá, hasta la sierra, fue quemado”, dice Rita.
Los chapitos tomaron represalias contra esas comunidades porque era la zona controlada por El Mayo. Incluso el único dispensario médico de la región quedó abandonado. Para mitigar esta falta de alimentos, las activistas organizaron colectas de víveres y medicinas en Mazatlán para llevarlos a la sierra.
Don Roque Vargas es quien coordina que la ayuda llegue a las familias que se quedaron, es un adulto mayor que está además bajo los protocolos de seguridad del gobierno mexicano debido a que fue secuestrado, golpeado y amenazado. “Me violentaron en tres ocasiones, me dijeron que no me querían en el pueblo”, narró Vargas. Añadió que ahora los sicarios cobran cuota a los aserraderos, “nos quemaron vehículos, nos robaron nuestros animales, nos molestan”.
El grupo de los chapitos que controlaba la zona estaba encabezado por Diego Ramírez, alias El Pekín, hoy preso en el penal de Mazatlán.
Los jóvenes sinaloenses, blanco fácil del crimen organizado
En los últimos días de julio de 2025 se reportó otro choque entre ambos bandos en la comunidad de Globeras, ubicada en la misma sierra de Concordia. Los campesinos vieron pasar ocho camionetas y tras los tiroteos se reportaron cinco chapitos caídos. “Muere mucha gente, más que la que reporta el gobierno”, dice don Roque. “Esta guerra no es fácil que termine. La gente tiene miedo”.
En esta zona serrana y fronteriza El hombre del sombrero –Ismael Zambada siempre usaba sombrero–, “convivía con la gente de la zona. De acá bajó a Culiacán el día que lo traicionaron”. El Mayo fue secuestrado por su ahijado Joaquín Guzmán López el 25 de julio del 2024, en una finca de Huerto del Pedregal para después subirlo a un avión que aterrizó en el aeropuerto de Santa Teresa, en Texas.
“Ahora que regresamos [en julio de 2025], estamos reconstruyendo nuestras casas que fueron quemadas. Estamos rehaciendo nuestras vidas”, dice Roque.
La problemática del desplazamiento forzado de Concordia fue estudiada en un libro titulado Sólo me dijeron que nos íbamos, publicado este año por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
“Este libro aborda el tema de infancia y adolescencias desplazadas en el norte de México. A mí en lo particular me tocó escribir un capítulo sobre el tema del riesgo que corren los jóvenes en comunidades serranas de ser reclutados por el crimen organizado”, dice la coautora Sibely Cañedo.
“Estudié esta comunidad en particular del municipio de Concordia. Las comunidades de Chirimoyos y La Petaca. Una situación que fue muy clave es el papel de las familias, sobre todo las madres, de las mujeres para cuidar a sus hijos, porque muchos de los que vinieron aquí a Mazatlán, parte de sus motivaciones era que sus hijos eran fácilmente reclutables para grupos armados. Es como una narcocultura. Lo que no se puede interpretar como un reclutamiento forzado”, agrega Cañedo.
“Lo que encontré es más cómo se genera esa cultura que para jóvenes o adolescentes viene siendo muy aceptado y normalizado el participar en esos grupos. Es como una opción muy natural que ellos tienen. Quizás para nosotros que vivimos en una ciudad o en otro contexto no podemos ver esos riesgos, pero ellos que siempre han vivido ahí y siempre lo han visto desde pequeños”.
Cañedo destaca que en el contexto de la actual disputa por el control del Cártel de Sinaloa sí es probable que exista un reclutamiento forzado y uno de sus indicadores es que la mayoría de los desaparecidos en Sinaloa son hombres jóvenes. Las cifras del desplazamiento provocado por la violencia se calculan por cámaras empresariales en cerca de 100 mil, contando a personas que han abandonado el estado o que se han desplazado de Culiacán a otras regiones de Sinaloa.
Negocios cerrados y quemados por la disputa criminal en Sinaloa
Al filo de las 10:30 del 17 de enero de 2025, un ciudadano que trabaja en Plaza Cinépolis de Culiacán observa drones sobre el techo del casino Royal Yak. Minutos después escucha explosiones y el techo comienza a incendiarse. En ese momento en la parte posterior no se observaron llamas, contó un testigo a DOMINGA.
A esa hora el local estaba cerrado. Ese mismo día el director de Protección Civil, Roy Navarrete, adelantó que el incendio se originó a causa de un corto circuito, sin que se hubiese realizado un peritaje. El verdadero dueño del casino, según la voz popular, es Archivaldo Guzmán, el líder de la facción La Chapiza. Cada que mataban a un rival dejaban a su lado rebanadas de pizza –que en algunas regiones del norte se pronuncia con “s”–, por lo que la tomaron como emblema.
Además del Royal Yak, en la capital de Sinaloa, los bandos en disputa han incendiado diversos restaurantes y negocios. El impacto económico de un año de violencia se refleja en Mazatlán con una caída en el turismo cercana al 70%.
En Culiacán las consecuencias de la narcoguerra las describe Julio César Silvas Inzunza, presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas. Informó que “han cerrado alrededor de 3 mil 140 negocios formales y los informales suman mínimo 2 mil 860”. La cifra de empleos fue de 15 mil 700, mientras que en el sector informal, 14 mil 300. Las pérdidas económicas alcanzan entre 6 mil 280 millones en economía formal y unos 12 millones en negocios informales.
“Cualquier hecho de violencia provoca incertidumbre en la población, por tanto, afecta la percepción de seguridad en la ciudadanía y eso genera que ciertas actividades fueran afectadas más que otras. Ejemplo, inmobiliarias, agencias de autos, salones de eventos sociales, restaurantes y en general la economía”.
Restaurantes dejaron de ofrecer cenas debido a que modificaron sus horarios para cerrar a las 19:00 horas. Tuvieron que adaptarse y abrir desayunos. Y los culiacanenses comenzaron a encerrarse temprano. Lo mismo pasó con la parte social, eventos, bodas, posadas. Sólo así la ciudad buscó reactivarse con seguridad, procurando evitar el cierre de más negocios para sobrevivir.
Fue el caso de Paseo del Ángel, en el centro, una calle peatonal atestada de bares, cafés y galerías. “[Ahí] 21 empresarios decidieron sumar capacidad de esfuerzo, conocimientos y experiencia en su revitalización y crear las condiciones para que las personas siguieran viniendo. Se ofrecen desayunos, eventos artísticos, culturales, entre otros, de jueves a sábado. En horario de 18:00 a 01:00, la calle se vuelve peatonal. Las instituciones de Seguridad y Tránsito del municipio y la Secretaría de Seguridad del Estado nos han apoyado con elementos de la Guardia Nacional y acciones preventivas”, dijo Silvas Inzunza.
A pesar de los esfuerzos, los fines de semana Paseo del Ángel ha lucido semivacío a partir de las ocho de la noche. A propósito de esto, ¿cómo se vive la violencia en Culiacán?, se le cuestionó a la académica Sibely Cañedo:
“La gente está asustada, independientemente de que los grupos se estén peleando entre ellos. Sí, está muy feo. De hecho, acabo de ir este viernes y sentí mucha tensión por todos lados. Sí se ve el ejército, la policía. Estaba tomando el autobús en la central camionera y ahí acababan de balear a un policía estatal. […] Sí, en la ciudad se siente el conflicto, está en toda la ciudad. Sé que las personas continúan sin salir en la noche, sin recuperar la tranquilidad, la gente no vive en paz”..
Uno de los motivos para no salir por la noche es que en el último año los miembros del crimen organizado han robado unos 22 mil vehículos, principalmente camionetas según cifras oficiales, un delito que prácticamente no existía en Culiacán.
Los desaparecidos de Sinaloa, una tragedia humanitaria
La noche del 29 de junio de 2025 el rostro de la barbarie se asomó en Culiacán: cuatro cuerpos decapitados y colgados fueron localizados en el puente El Seminario, al norte de Culiacán. A su lado abandonaron una camioneta con otros 16 cadáveres y un mensaje dirigido a Archivaldo Guzmán. Era la respuesta de La Mayiza. Días atrás los chapitos habían asesinado y colgado a tres de sus miembros, un evento que no fue reportado por las autoridades. La narcoguerra descendió un escalón hacia la crueldad.
Sinaloa no había presentado escenas terroríficas como las que se vieron en estados del noreste de México, donde Los Zetas, entre 2009 y 2013, en su conflicto con el Cártel del Golfo, descuartizaban, decapitaban y colgaban a sus víctimas.
La cifra oficial de homicidios dolosos en Sinaloa, de septiembre de 2024, cuando inició la guerra, a septiembre de 2025, rondará los mil 800 asesinatos. Al cierre de esta historia, sumaron mil 746 homicidios, según el conteo de Noroeste.
Los enfrentamientos entre La Chapiza y La Mayiza ahora suceden principalmente en zonas rurales. Los testigos mencionan que las cifras de muertos son muy superiores a los que reportan las autoridades. Roque Vargas, testigo de esos eventos en la sierra de Concordia, señaló que cada grupo armado recoge a los caídos de su bando. “Vimos cómo recogen a sus muertos, los suben a camionetas estaquitas y pasan por aquí llenas de cadáveres. El gobierno reporta menos del 50% del total de muertos”, aseguró el líder comunitario.
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Lo más grave de la tragedia se expresa en la cifra de menores asesinados, ya sea porque fueron “víctimas colaterales” o porque fueron asesinados junto con sus padres: unos 57 niños hasta la fecha. También en los miles de desaparecidos. La cifra ronda unos 2 mil además de una “cifra negra”, según los 30 colectivos de búsqueda.
Un caso emblemático de esta crisis de seguridad en Sinaloa es la desaparición de Ismael Alejandro Martínez Carrizales, un joven que estudiaba para ser piloto y quien fue privado de su libertad por los chapitos en Mazatlán.
“Mi hermano desapareció el 12 de julio de 2020, aquí en el puerto de Mazatlán, en la 12 de Mayo, en la calle Del Obrero. Estamos bien enterados de dónde ocurrió porque mi mamá iba en otra camioneta acompañándolo”, dice Alejandra Martínez Carrizales, quien fundó el colectivo “Por las voces sin Justicia” que integra a 70 familias. El día que Alejandro fue privado de su libertad viajaba con su novia en un vehículo. Lo interceptaron siete sujetos armados en motocicletas.
Bajaron a la mujer y se llevaron al chico junto con su auto. El iPhone de la novia se quedó ahí. Así que la hermana pudo rastrear el teléfono y la familia comenzó a tener pistas sobre sus captores. Acudieron a la fiscalía a denunciar el secuestro. Los atendió la ministerio público Marta Alicia Vargas. Discutió el caso con el agente Josué Moreno Pérez. No obstante, con la información que la familia había proporcionado decidieron extorsionar haciéndose pasar por los captores. Para cobrar el rescate dieron dos números de tarjetas OXXO para que ahí depositaran el pago, una estaba a nombre de la tía de la ministerio público.
“Como en estas tarjetas sólo reciben 15 mil, ese es el límite, les depositamos 15 y 15 en las dos tarjetas”. La familia siguió insistiendo. Llevaron los números porque lograron conseguir los nombres depositando 20 pesos en un cajero. Con eso regresaron a la fiscalía y le dijeron a los agentes: Aquí están los nombres. Lo que no han hecho ustedes, aquí está. Era una tía de la misma persona que nos tomó la denuncia”.
Gracias a las pesquisas que siguió la familia, quedaron detenidos Martha Alicia Vargas y Josué Moreno Pérez y podrían alcanzar 18 años de prisión por cometer delitos siendo funcionarios. También revisaron las cámaras del C4. Vieron a seis hombres encapuchados porque eran vecinos de Alejandro, menos uno sin cubrir su rostro. Gracias a estos videos pudieron identificarlo. En su barrio le dicen El Pardo. Pero cuando lograron que se girara una orden de aprehensión, ya estaba muerto.
También conocieron que ese grupo era parte de la delincuencia organizada. “De los chapitos. Al jefe del grupo que secuestró a mi hermano lo asesinaron ‘los mayos’ cuando inició la actual guerra”, contó su familiar. “Es por eso que nunca hemos tenido información ni indicio de hacia adónde se llevaron a mi hermano”..
Los jóvenes desaparecidos de Mazatlán
Por ahora, la familia sigue buscando a Ismael Alejandro, colocando fichas de búsqueda no sólo con su imagen, sino con fotos de docenas de otros jóvenes desaparecidos en Mazatlán. Los postes de luz en las calles y los pasos de las autopistas son decorados con sus rostros y la consigna “ni vivas, ni muertas”.
El hartazgo de la violencia, expresada en las cifras de muertos y desaparecidos, ya provocó que la población salga a las calles para protestar en Culiacán, dos manifestaciones ocurrieron en enero y otra en febrero de 2025, y dos más en Mazatlán. La principal consigna ha sido: “Fuera Rocha Moya [el gobernador de Sinaloa]” y “Con los niños no”.
Además, para este domingo 7 de septiembre, dos días antes de que se cumpla un año de las balaceras, organizaciones civiles y empresariales anunciaron una marcha en Culiacán para exigir la paz.
GSC / MCM
