En México, los menores que cometen delitos graves, como matar o participar en tráfico de drogas, no pasan más de cinco años en internamiento, ya que ese es el castigo máximo establecido por la ley.
De hecho, esta sanción solo aplica para adolescentes de entre 16 y 17 años. En el rango de 14 a 16 años, la pena máxima es de tres años; mientras que de 12 a 14 no se contempla, bajo ningún supuesto, el internamiento.
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Aunque este esquema legal es uniforme en todo el país, en el Estado de México hay familias que han quedado marcadas como víctimas colaterales. Algunos ejemplos son los casos de:
- Fátima, niña de 12 años, víctima de feminicidio en Lerma.
- Wendy, adolescente de 16 asesinada en Xonacatlán, en 2021.
- Natalia, de 14 años, cuyo asesinato se cometió con extrema violencia, también en Xonacatlán.
En los tres casos hubo una constante: la participación de menores de edad como agresores.
Máximas sanciones para adolescentes
La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes clasifica a las personas menores de 18 años en conflicto con la ley en tres grupos etarios. Cada grupo tiene medidas y sanciones diferenciadas, particularmente en lo relativo al internamiento.
- El Grupo Etario I: incluye a adolescentes de 12 años cumplidos a menos de 14. A este grupo no se le puede imponer ninguna medida privativa de la libertad.
- El Grupo Etario II: comprende a adolescentes de 14 años cumplidos a menos de 16. En este grupo, las medidas privativas de la libertad solo se pueden aplicar si se trata de delitos graves, de acuerdo con el artículo 164. La duración máxima del internamiento no puede exceder de tres años. También pueden aplicarse medidas en libertad, como la libertad asistida o la prestación de servicios a favor de la comunidad.
- El Grupo Etario III: está conformado por adolescentes de 16 años cumplidos a menos de 18. En este grupo también puede aplicarse el internamiento para delitos graves. En estos casos, la duración máxima de la medida privativa de libertad es de cinco años. Al igual que en el grupo anterior, la privación de libertad solo puede decretarse cuando se acreditan circunstancias específicas contempladas por la ley.
En los tres grupos, el internamiento se considera una medida excepcional que debe estar debidamente fundada y motivada. Su aplicación solo procede cuando no sea posible imponer una medida diversa y siempre bajo control judicial.
Madre de Fátima exige sanciones más severas
En México, los adolescentes que cometen feminicidios pueden volver a la calle en tan solo cinco años. Para Lorena Gutiérrez Rangel, madre de Fátima, esa es la prueba de que la justicia actual no sirve a las víctimas.
Su hija fue asesinada el 5 de febrero de 2015 en Lerma, Estado de México, y uno de los responsables fue liberado dos semanas después del crimen, pese a estar identificado por los vecinos que lo detuvieron y golpearon.
“Fue por este motivo que él, el 19 de febrero de 2015, salió del hospital Adolfo López como si no hubiera hecho nada. Sólo 14 días después de que asesinó a mi hija se fue y estuvo en libertad dos años”.
Pese a que había pruebas materiales halladas en la vivienda de los agresores, la magistrada de menores negó la orden de presentación.
El argumento fue la supuesta insuficiencia de pruebas, aunque familiares de Fátima habían localizado en el domicilio de la menor ropa, una cubeta, tenis y una gorra relacionados con el crimen.
“Ella nos dijo que no había, que todo lo que había no era suficiente para darnos una orden de presentación para este sujeto”.
El menor fue recapturado dos años más tarde, ya como mayor de edad, en Cuernavaca, Morelos.
Fue juzgado como adolescente y recluido en el Centro de Internamiento para Adolescentes Quinta del Bosque, dependiente de la Secretaría de Seguridad del gobierno mexiquense. Ahí permaneció cinco años, hasta su liberación en 2022.
“La jueza de menores en la Quinta del Bosque fue muy puntual al dejarnos claro que él ya había pagado el haber asesinado a mi hija Fátima”.
Para la familia de la víctima, este trato revela una protección excesiva del sistema de justicia hacia los agresores menores, incluso por encima de los derechos de las niñas asesinadas.
La postura de las autoridades, dice Gutiérrez Rangel, ha sido la de garantizar el derecho de los feminicidas a reintegrarse a la sociedad.
“Toda la sociedad, todo el Estado mexicano, teníamos la obligación de respetarle su derecho (del agresor) a un proyecto de vida, pero nadie respetó el de mi hija".
Lorena afirma que los derechos de su hija no fueron considerados.
Fátima, asegura, fue revictimizada incluso después de muerta. Para la madre, "la privaron del máximo derecho que tenemos todos los seres humanos en este planeta, el derecho a la vida”.
Piden que menores reciban penas proporcionales al delito
La exigencia de Lorena es modificar la ley para que los menores responsables de delitos de alto impacto reciban penas acordes con la gravedad del daño causado.
Aclara que no busca venganza, sino evitar que otros casos como el de su hija se repitan.
“Queremos que ellos, los menores asesinos, paguen de acuerdo a la gravedad del delito que cometen”.
El caso de Fátima tuvo otras irregularidades, pues Lorena refiere que una jueza se negó a clasificar el crimen como feminicidio bajo el argumento de que no estaba comprobado si la menor ya tenía su periodo menstrual.
Para Gutiérrez Rangel, esa justificación fue una muestra más del trato injusto que han recibido.
“Una jueza puntualmente nos dijo que no podía ella clasificar el caso de Fátima como feminicidio, ya que ella no sabía si Fátima contaba con su periodo”.
La madre señala que esas decisiones vinieron de mujeres, juezas y magistradas, lo que agrava su percepción de una justicia patriarcal sostenida incluso por quienes deberían combatirla.
“Lástima que todas estas violaciones y toda esta obstrucción a la justicia viene de parte de mujeres”.
En el expediente también se documenta que José Juan Hernández Tecruceño, uno de los adultos implicados en el crimen, fue liberado en 2017 por la jueza Janet Patiño García.
Un año y medio después, tras presión legal y acompañamiento de organizaciones civiles, fue reaprehendido y sentenciado a prisión vitalicia.
“Año y medio después se logró una reposición de sentencia para José Juan Hernández Tecruceño, se volvió a detener, se volvió a juzgar y lo sentenciaron a prisión vitalicia”.
Luis Ángel Atay de Reyes, el otro adulto involucrado, fue condenado a 78 años y 8 meses de cárcel por feminicidio. Sin embargo, la familia teme que haya tramitado un amparo tras agotarse los ocho años legales para hacerlo.
“Actuó como adulto, que lo juzguen como adulto”
El feminicidio de Wendy Yoselín, ocurrido en marzo de 2021 en el municipio mexiquense de Xonacatlán, se suma a otros casos donde los responsables han sido menores de edad y las familias reclaman justicia plena.
La adolescente fue asesinada cuando tenía 16 años; su agresor tenía esa misma edad cuando la privó de la vida.
Hoy, su madre Guadalupe Sevilla exige un cambio en la ley para que quienes cometen este tipo de delitos siendo menores sean sancionados de acuerdo con la gravedad del crimen.
Aunque el agresor de Wendy fue detenido dos años después del feminicidio, ya con 18 años cumplidos, las autoridades lo procesaron conforme a la legislación aplicable a menores.
Esto, para la familia, representa una de las múltiples injusticias.
“Él ya tenía esos 18 años, es ahí el coraje y la tristeza de que los juzgan como menores de edad, aún ya siendo mayores”.
Pese a haber sido reaprehendido cuando ya era legalmente un adulto, fue ingresado a la Quinta del Bosque, localizada en Zinacantepec, en el poniente de la Zona Metropolitana de Toluca, donde actualmente sigue cumpliendo una condena de solo cinco años.
La madre de Wendy denuncia que además continúa conviviendo con otros jóvenes que sí son menores.
“Lo peor es que sigan estando conviviendo con personas menores de edad en la Quinta del Bosque”.
El caso fue revictimizado cuando, luego de promover un amparo ante el Poder Judicial de la Federación, el agresor logró que se dictara una nueva sentencia.
Ésta, aunque ratificó su responsabilidad, volvió a fijar una pena de cinco años, de los cuales ya ha cumplido la mitad. “Esto no es justicia, la verdad”, lamenta.
Para Guadalupe, el sistema actual prioriza los derechos del agresor sobre el daño causado a las víctimas. En su experiencia, incluso las instituciones de derechos humanos han resultado más protectoras con los responsables que con las familias que perdieron a sus hijas.
“Los derechos humanos nada más existen para los asesinos, porque realmente es así, yo lo vivo y lo veo”.
La exigencia de reformar el sistema de justicia para adolescentes no parte solo del dolor, sino del convencimiento de que algunos de estos crímenes fueron cometidos con plena conciencia.
Menores entienden consecuencias de sus actos
Según la madre de Wendy, hay menores que, aun a corta edad, entienden perfectamente las consecuencias de sus actos.
“Un niño hasta de 10 años sabe que si agarra un cuchillo y pica a una persona la va a matar”.
Aún cuando la ley actual limita las penas a cinco años para quienes cometen delitos siendo menores, ella insiste en que debe existir una diferenciación en función del crimen, y que al alcanzar la mayoría de edad los responsables deberían ser transferidos a un penal.
“Que los menores de edad sean juzgados de acuerdo al delito que cometen”.
La madre de Wendy se ha sumado a otras mujeres que también han perdido a sus hijas a manos de menores de edad.
A ellas les pide alzar la voz, no solo para exigir justicia, sino para evitar que otros casos similares se repitan.
“Es importante que cambien, que los menores de edad sean juzgados de acuerdo al delito que cometen, no por su edad”.
La lucha por una reforma legal no es solo por su hija, explica, sino por las que vendrán. Aunque sabe que al asesino de su hija ya no le aplicarán cambios normativos, en caso de lograrse, cree que es indispensable que los menores que cometan feminicidios en el futuro no reciban penas que minimicen el daño causado.
“Los menores de edad siguen asesinando porque es mínimo el tiempo que les dejan, y sobre todo que están en un reformatorio”.
Problema más allá de las sanciones
Mientras crecen las voces que exigen sanciones más severas contra adolescentes implicados en delitos graves, desde el ámbito psicológico se advierte que el origen del problema no se encuentra en los tribunales, sino en la falta de formación emocional, familiar y social desde la infancia.
Alejandro Gutiérrez Cedeño, coordinador del Centro de Estudios y Servicios Psicológicos Integrales (CESPI), de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), explicó que el desarrollo del sentido del bien y el mal ocurre en los primeros años de vida, desde la crianza en casa, donde los menores aprenden límites, normas y consecuencias.
“La estructura emocional, psicológica, social y familiar se gesta desde el hogar, desde las primeras instancias, desde las primeras etapas de la infancia”.
En entrevista, el especialista advirtió que las conductas antisociales en adolescentes no siempre tienen un solo origen.
Hay quienes actúan por necesidad, por el contexto en el que crecen, por presión externa o incluso por la gratificación emocional que les produce dañar a otros.
“Pareciera ser que la personalidad de quienes hacen el mal se va distorsionando, pero hay gratificación, hay recompensa, gusto, placer, evidentemente por algo se hace”.
Gutiérrez Cedeño indicó que hay señales que suelen aparecer desde la infancia y que, si no son atendidas, escalan con el paso del tiempo.
Estas conductas, como el maltrato animal o las agresiones constantes hacia otros niños, pueden ser un anticipo de comportamientos más graves en la adolescencia.
“Esto va escalando y a veces va satisfaciendo otra serie de necesidades”.
Aunque muchos padres de familia reclaman que los castigos a menores infractores son insuficientes, el especialista señala que no se trata solo de endurecer las sanciones.
Reconoció que existen programas de reinserción importantes en centros especializados, pero que su eficacia depende del entorno al que se reintegra el adolescente una vez que cumple su condena.
“Si esa reintegración es al mismo contexto, bajo las mismas circunstancias, bajo el compromiso de algún tipo de comportamiento, seguramente lo va a dificultar”.
Para Gutiérrez Cedeño, la reinserción real no es posible si no se involucra también a la familia.
Es necesario que los padres y cuidadores acompañen el proceso y estén dispuestos incluso a modificar hábitos o entornos para evitar que el menor vuelva a delinquir.
“Sabemos de familias que han hecho grandes esfuerzos por cambiar muchas veces hasta de residencia, para que permitan una verdadera reintegración social del niño”.
La prevención, dijo, empieza desde casa, al poner límites claros, rechazar conductas agresivas y estar atentos a señales de alerta. A veces, incluso, esas conductas son celebradas o toleradas dentro del hogar.
“A veces cometemos el error hasta de aplaudir unos comportamientos de esta naturaleza”.
El especialista subrayó que los años clave para formar un criterio ético en un menor no son los de la adolescencia, sino los que van de los tres a los ocho años.
En esa etapa es cuando se consolidan valores, principios y normas.
“Es la edad perfecta para normar y disciplinar a un niño, que evidentemente se encontrará en la inmediatez, en un entorno social al cual pueda beneficiar en lugar de perjudicar”.
Finalmente, consideró que la sociedad enfrenta un reto mayor, pues hoy los menores tienen acceso ilimitado a redes sociales, videojuegos y contenidos que muchas veces normalizan la violencia o los modelos de éxito basados en la transgresión.
Frente a esto, insistió en que las familias deben asumir su papel y buscar ayuda psicológica sin estigmas.
Delitos más cometidos por adolescentes
Durante 2023, más de 32 mil adolescentes fueron imputados por la comisión de un delito en México, y más de la mitad de estos casos se concentraron en seis entidades federativas:
Nuevo León, Estado de México, Guanajuato, Sonora, Jalisco y Chihuahua, de acuerdo con el más reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre personas adolescentes en conflicto con la ley.
La estadística nacional indica que tres de cada cuatro adolescentes involucrados en delitos fueron varones y que, en términos absolutos, el delito más común fue el robo, con más de 2 mil 100 imputaciones, seguido por el narcomenudeo y las lesiones.
En total, el sistema registró 29 mil 668 carpetas de investigación iniciadas en 2023 contra menores de edad, siendo la segunda cifra más alta en los últimos siete años.
En comparación con 2022, el incremento fue de más de 4 mil expedientes. Las Fiscalías de Nuevo León y el Estado de México encabezaron la lista con más de 3 mil 400 y 3 mil 200 carpetas, respectivamente.
Además, 5 mil 764 adolescentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público por la presunta comisión de delitos, y otros 18 mil 537 fueron llevados ante jueces cívicos por faltas administrativas.
Entre las más frecuentes se encuentran generar escándalos o ruido en espacios públicos, consumir drogas o alcohol en la vía pública y conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo efectos de alguna sustancia.
En el ámbito judicial, nueve de cada 10 adolescentes imputados fueron vinculados a proceso.
En total, se reportaron 5 mil 804 causas penales iniciadas en tribunales estatales durante el mismo año.
Aunque las sanciones privativas de libertad están consideradas como una medida extrema, mil 508 adolescentes fueron internados, y en seis entidades —entre ellas Estado de México, Ciudad de México y Sonora— se concentró más de la mitad de esos ingresos.
Aguascalientes fue el estado con la mayor tasa de adolescentes internados, con 95 por cada 100 mil menores, muy por encima de la media nacional.
Le siguieron Nayarit y Sonora. En contraste, en 11 estados las tasas fueron menores a cinco por cada 100 mil adolescentes.
Del total de adolescentes con alguna sanción, solo uno de cada tres se encontraba en internamiento; el resto cumplía medidas en externamiento.
Sin embargo, preocupa que casi 24 por ciento de quienes estaban internados no contaban con resolución judicial definitiva.
El informe del Inegi también detalla que 43 por ciento de los adolescentes en conflicto con la ley había huido de su hogar al menos una vez, y ocho de cada 10 reportó haber sido objeto de castigos o maltrato en el entorno familiar.
Además, 88% de los varones y 77% de las mujeres en el sistema reconocieron haber consumido sustancias psicotrópicas en algún momento de su vida.
RM
