La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó viva la reforma que entró en vigor el año pasado en Quintana Roo y que aumentó hasta en una mitad las penas a las personas que cometen delitos con apoyo de la Inteligencia Artificial (IA).
Una buena parte de los ministros se opuso al proyecto de la togada Loretta Ortiz Ahfl, quien proponía anular el artículo 20 del Código Penal quintanarroense, por considerar que no es claro y preciso.
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¿Qué dijo Loretta Ortiz?
“Inicialmente se propuso sancionar el delito de violencia digital cometido a través de Inteligencia Artificial; sin embargo, al considerar que la conducta ya se encontraba tipificada", comentó Loretta Ortiz.
"El legislador optó por la adición del artículo impugnado, explicando genéricamente que la Inteligencia Artificial puede ser usada para la comisión de más delitos sin llevar a cabo el estudio específico sobre cómo es que la tecnología podría ser usada para cometer cualquier delito del código penal local”, añadió.
¿Cuál es la opinión de otros ministros?
No obstante, la ministra Margarita Ríos Farjat dijo que la reforma al artículo está diseñada para ser aplicable solo en los casos en los que para cometer cualquiera de los delitos previstos en el ordenamiento penal, se utiliza IA.
“Creo que no se trata de calificar si la definición de Inteligencia Artificial, en este caso, es óptima en términos técnicos o informáticos, sino, si la definición que otorga el código para actualizar la agravante es suficientemente clara", expresó.
“Creo que sería gravoso exigir al legislador local un listado taxativo de los delitos que resulten compatibles con la IA u otra regulación excesivamente detallada en este sentido", mencionó la ministra.
"Entonces, al igual que en el asunto de la semana pasada, considero que aquí sí se brindan elementos para comprender los alcances de la IA como agravante en la comisión de delitos, por lo que considero que la norma impugnada no vulnera los principios de seguridad jurídica, ni de taxatividad, ni de legalidad”, concluyó.
Cuatro ministros más coincidieron con su punto de vista, razón por la cual no se alcanzaron los ocho votos que necesitaba el proyecto para invalidar la reforma impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a través de una acción de inconstitucionalidad, motivo por el cual el asunto fue desestimado.
MD
