Un juez federal echó abajo las intenciones de la Fiscalía General de la República (FGR) de llevar a proceso a 16 ex funcionarios del sistema penitenciario federal, porque consideró que los delitos imputados prescribieron en 2020.
El Ministerio Público Federal los señaló de ser probables responsables en los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, así como asociación delictuosa, debido a irregularidades cometidas en los procesos de adjudicación, contratación y construcción de ocho Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos).
En 2020, por este caso, un juez libró una orden de aprehensión contra el ex secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos.
Tras seis días de audiencias, Ganther Alejandro Villar Ceballos, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Sur, resolvió que la FGR comenzó muy tarde su pesquisa.
La dependencia federal inició la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI/CDMX0000611/2020, donde mencionó que los ex servidores públicos presuntamente pagaron un sobreprecio de 62 mil 840 millones de pesos en ocho contratos en los que se invirtieron 270 mil millones de pesos para la construcción y prestación del servicio en las prisiones Michoacán, Sonora, Durango, Guanajuato, Chiapas, Oaxaca, Coahuila y Morelos.
El general Salvador Camacho Aguirre, ex mando de la Policía Federal que participó en los operativos realizados en Tanhuato y Nochixtlán, fue uno de los beneficiados con la determinación del juez.
De igual manera, el ex director del Heroico Colegio Militar y ex comandante de Fuerzas Especiales del Ejército, el general Sergio Alberto Martínez Castuera, y quien en esta administración se desempeñó como coordinador de prisiones federales. También su antecesora en el cargo, Celina Oseguera Parra.
Miguel Vital Hernández, ex director general adjunto de la Dirección General de Administración del Órgano Administrativo; Raúl Gerardo Lemus Soto, ex director de apoyo operativo; Óscar Moreno Villatoro, ex director general de administración del OADPRS y Antonio Molina Díaz, ex coordinador general de prevención y readaptación social, también fueron beneficiarios con la determinación del juez.
Además de Paulo Uribe Arriaga, señalado en su momento como presunto responsable de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, el 11 de julio de 2015.
El resto son el ex oficial mayor de la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Sergio Montaño Fernández; Arturo Sosa Viderique, y quien fue director general de administración del OADPRS.
También Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, ex director de adquisiciones de los centros federales.
Las audiencias se llevaron a cabo a través del sistema de videoconferencia, ante un brote de covid-19 en el mencionado centro penitenciario.
JLMR
