Gildardo López Astudillo, El Gil, presunto jefe de sicarios de Guerreros Unidos, y quien en su momento fue señalado de ordenar el secuestro y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, promovió un amparo contra una nueva supuesta orden de aprehensión en su contra.
Mariana Vieyra Valdés, jueza Tercera de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, admitió a trámite la demanda de garantías, pero no se pronunció sobre la suspensión.
Fijan fecha de audiencia
La juzgadora fijó para el próximo 4 de junio la celebración de la audiencia constitucional en la que definirá si concede el amparo al quejoso.
En su demanda, El Gil solicitó la protección de la justicia contra actos de Raquel Ivette Duarte Cedillo, jueza Segundo de Distrito en Materia Penal, y contra otros jueces de Distrito de la mencionada entidad.
'El Gil' fue detenido en 2024
Es de mencionar que, el 5 de septiembre de 2024, elementos de la Policía Federal Ministerial ejecutaron una orden de aprehensión contra El Gil, quien habitaba una vivienda en las inmediaciones de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México.
Luego, fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el municipio mexiquense de Almoloya de Juárez.
Días después, un juez federal dictó auto de formal prisión contra Gildardo López por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, caso que no guarda relación con la desaparición de los normalistas.
Dicha causa penal solo documenta actividades delictivas que probablemente cometió López Astudillo antes de los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, cuando desaparecieron los estudiantes.
'El Gil', acusado de ordenar desaparición de los 43 normalistas
En el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Procuraduría General de la República (PGR) acusó a El Gil de ordenar que se privara de la libertad a los normalistas, “lo cual sucedió entre las 18:00 horas y 23:00 horas del 26 de septiembre de 2014, en la explanada del zócalo de Iguala, Guerrero”.
Algunas de las declaraciones que involucraban a El Gil y que fueron calificadas de ilegales por un Tribunal Federal, por actos de tortura, eran de sus propios subordinados, como Patricio Reyes Landa, El Pato; Jonathan Osorio Cortez, El Jona, y Darío Morales Sánchez, El Comisario.
Algunas de las causas penales en su contra se vinieron abajo, por lo que gozaba de libertad, y en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se convirtió en testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR) con el nombre clave Juan, y sus declaraciones forman parte de la nueva investigación que existe en el caso Ayotzinapa.
ROA
