Un juez de Control del distrito de Tizayuca, dictó como medida cautelar prisión preventiva justificada al ex notario público, Octavio Eduardo S.H., ante un riesgo de fuga y la posibilidad de que influya en los testigos, esto luego de su detención el día sábado por el presunto delito de fraude procesal en agravio de la administración pública.
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De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del estado, mientras Octavio Eduardo S.H. se desempeñaba como notario público, el 22 de octubre de 2021 habría simulado un acto jurídico al elaborar una escritura en la que se ratificó un convenio de reconocimiento de adeudo y dación en pago, supuestamente celebrado entre una persona moral y una persona física.
Dicha acción tuvo como propósito beneficiar indebidamente a un tercero, con la finalidad de lograr que fuera inscrito como propietario de un predio urbano sin construcciones, ubicado en el municipio de Tolcayuca.
Luego de que el Ministerio Público se allegara de los datos de prueba se solicitó la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue otorgada por un juez de control y ejecutada el 12 de julio en la ciudad de Pachuca.
A las ocho de la noche del día sábado comenzó la audiencia inicial como parte de la Causa Penal 292/2024. La audiencia inicial se desarrolló por más de seis horas.
Sin embargo, el imputado se acogió al término constitucional para que su situación legal se resuelva; en tanto, el juez de control le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
La autoridad judicial estableció que la continuación de la audiencia inicial en la que se resolverá sobre la vinculación a proceso se llevará a cabo el próximo 16 de julio a las 15:00 horas en los juzgados de Tizayuca.
En noviembre de 2024, el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (PEOH) informó sobre la cancelación de la patente notarial a Octavio Eduardo S.H., quien ejercía en el Distrito Judicial de Tizayuca desde marzo de 2005.
Sanciones por fraude procesal en Hidalgo
El Código Penal para el Estado de Hidalgo establece que al que para perjudicar a alguien u obtener un beneficio indebido para sí o para otro, simule un acto jurídico o un acto o escrito judiciales o altere elementos de prueba y los presente en juicio, o realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error ante la autoridad judicial o administrativa, con el fin de obtener sentencia o resolución, contraria a la ley, se le impondrá prisión de uno a siete años y multa de 30 a 300 días.
Cuando un abogado sea autor o partícipe en la comisión de este tipo penal, puntualiza el Código Penal, además, se le impondrá suspensión de hasta tres años para ejercer la profesión.
