Un juez con sede en Chalco determinó vincular a proceso a Felipe Abraham “N” por el delito de maltrato animal, luego de que presuntamente asesinó y comió carne de “Pua”, la perrita de sus propios sobrinos.
La Unidad de Protección Animal de Valle de Chalco denunció ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) este caso de maltrato y las investigaciones conjuntas permitieron mostrar pruebas suficientes para demostrar la participación de este hombre en el hecho delictivo.
Hubo indicios de tortura
"Pua", como era llamada la perrita, presuntamente fue llevada por el ahora imputado a pasear, pero en algún momento el señalado la habría asesinado.
De acuerdo con autoridades, el hombre llevó a la perra a la zona del canal de aguas negras, después regresó a su casa con el animal sin vida, ahí habría comenzado a cercenarla y después ingirió la carne.
“El tipo se la llevó a pasear supuestamente y a orillas del canal, la torturó y posteriormente se la comenzó a comer”, aseguró Alyn Colin, titular de la Unidad de Protección Animal local, el día de la denuncia.
La familia de "Pua" denunció primero el delito en redes sociales para que se viralizara y después bisecaron la intervención de las autoridades municipales quienes en otras dos ocasiones han logrado dos procesos por delitos contra los animales para sentar precedentes y terminar con estas prácticas.
Podría pasar hasta seis años en la cárcel
Felipe Abraham “N” permanece en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de San Mateo Huitzilzingo donde permanecerá hasta que concluyan las investigaciones y el juicio en su contra.
Un animal expuesto a riesgos que amenacen su integridad, la de otros animales o personas es considerado #MaltratoAnimal dentro de la legislación en el #Edoméx, denuncia al 800 7028 770, la app FGJ Edomex o en la página. pic.twitter.com/kkcK429bXz
— Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) February 23, 2023
El Congreso del Estado se México aprobó un aumento al castigo contra el maltrato animal a fin de erradicar los abusos contra los seres que no tienen voz, el castigo va de los cuatro a los seis años de cárcel, o hasta nueve, si el que comete el ilícito es un servidor público.
JGM
