En poco más de seis años, 317 servidores públicos han sido judicializados por desaparición forzada. Esta cifra, corresponde a casos del 1 de diciembre del 2018 al 31 de junio del 2025 de acuerdo con el sitio web de la Fiscalía de Jalisco.
El caso más reciente es el de Jesús “N”, exsubdirector de la Policía Municipal de Casimiro Castillo, quien fue sentenciado a 50 años de prisión, luego de haber retenido a un hombre de forma ilegal y entregarlo a un grupo delictivo que lo agredió físicamente, provocando que falleciera horas después.
Para Francisco Jiménez Reynoso, especialista en seguridad de la UdeG, estos casos, son una muestra de la colusión que existe entre las policías y el crimen organizado.
"Esta sentencia viene a reforzar el tema de la gravedad institucional en la que estamos viviendo en virtud de que se acredita que algunas corporaciones policíacas están coludidas con la delincuencia organizada. En vez de poner a disposición de la gente del Ministerio Público, lo que hacen es llevarlo a otro lugar o lo entregan directamente a la delincuencia organizada para que haga con ella lo que le plazca", aseveró Jiménez Reynoso.
¿Cuáles son los otros casos de desaparición forzada?
Entre los servidores públicos vinculados a desapariciones, se encuentran en su mayoría policías. Durante este año se han registrado otros cuatro casos.
- El de cinco oficiales de la Comisaría de Seguridad de Poncitlán, que fueron detenidos el pasado 9 de enero, luego de no haber puesto a las víctimas a disposición de la autoridad correspondiente.
- Otro caso es de dos elementos de la Policía de Zapopan, identificados como Rafael R. y Javier C. que fueron vinculados a proceso por la desaparición forzada de una persona ocurrida en 2019.
- Se suma el caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, en el que dos ex-policías de una localidad cercana fueron detenidos por su presunta participación en la desaparición y reclutamiento de personas. Los ex oficiales, junto a ocho personas más, fueron condenados a 141 años de prisión.
- Por último, el de un policía de Zapopan que participó en el homicidio de una familia, con dos menores de edad, en San Cristóbal de la Barranca.
¿Cuáles son las medidas tomadas por las autoridades?
Las sospechas de policías con el crimen organizado, han llevado al desarme de Comisarías; el caso más reciente es el de las Policías de Teocaltiche y Villa Hidalgo, a principios de 2025, luego de la desaparición de ocho policías y la sospecha de que las corporaciones estaban infiltradas y protegían a grupos criminales.
El académico, recordó la responsabilidad que tienen las autoridades de los tres niveles para intervenir en estos casos.
"Le toca a la federación, en mi opinión. La investigación seria y sólida, y detener y procesar a los policías delincuentes; a las policías municipales la depuración de sus corporaciones, el cuidar que no se involucren con la delincuencia organizada; a las autoridades estatales, de la misma manera. Generar los blindajes necesarios y suficientes para que sean objetivos y no logren ingresar a las filas policías, o estén ahí, que estén al servicio de la delincuencia organizada", concluyó Jiménez.
OV
