En los primeros siete meses del sexenio de Claudia Sheinbaum, el 22.3 por ciento de los ingresos penitenciarios en México correspondió a personas vinculadas a delitos de alto impacto, como el uso de armas de alto calibre y posesión o venta de droga.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), entre octubre de 2024 y abril pasado, 104 mil 534 personas fueron internadas en penales del país por detenciones realizadas por fuerzas federales y estatales, de las cuales, 23 mil 400 enfrentan cargos de alto impacto.
Del total de personas que fueron recluidas, solo el 1.6 por ciento del total —equivalente a mil 665 casos— fueron internadas a un penal federal de máxima seguridad, mientras que otros 102 mil 869 reos tuvieron como destino una cárcel administrada por los gobiernos estatales.
El número de detenciones en la presente administración representa un ligero incremento de 6.2 por ciento respecto a lo reportado en los últimos siete meses del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando las fuerzas del orden público internaron a 98 mil 387 personas por cometer algún tipo de delito.
El flujo de personas detenidas se aceleró con mayor fuerza durante febrero, marzo y abril, cuando ingresaron 48 mil 122 personas a los centros penitenciarios, cifra que representa 46 por ciento del periodo analizado y confirma que la estrategia de contención se intensificó en los últimos meses.
De acuerdo con el secretario de la SSPC, Omar García Harfuch, ese aumento está vinculado a operativos conjuntos realizados en entidades con fuerte presencia de grupos criminales y al trabajo coordinado con gobernadores, incluso con aquellos que pertenecen a la oposición.
“Estas detenciones, como lo mencionamos en el informe, no son exclusivamente del gobierno federal, son en coordinación con las entidades federativas. Un ejemplo, en Sinaloa han sido casi dos mil, hay un alto porcentaje que también está recluido, ahí Guanajuato han sido casi 3 mil detenidos, etcétera; entonces están recluidos en los 32 estados, en muchos penales estatales, pero también federales”, explicó en conferencia en Palacio Nacional.
En Guanajuato, estado gobernado por el PAN, se contabilizaron 3 mil 653 ingresos a cárceles estatales, lo que representa el 3.5 por ciento del total nacional.
La entidad ha sido una de las más señaladas por la federación como zona prioritaria en el combate a delitos de alto impacto y, de acuerdo con el propio funcionario, más de dos mil detenciones en esta demarcación están relacionadas con este tipo de ilícitos, producto de operativos coordinados entre fuerzas locales y federales.
Otro caso de coordinación se presenta en Nuevo León que, bajo la administración de Movimiento Ciudadano, registró cinco mil 681 ingresos penitenciarios entre octubre de 2024 y abril de 2025, equivalente al 5.4 por ciento del total nacional.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad federal, esta entidad forma parte del bloque de estados donde se han reforzado los operativos conjuntos con fuerzas locales para enfrentar delitos de alto impacto.
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En Jalisco, también gobernado por Movimiento Ciudadano, los tres mil 386 ingresos reflejan 3.2 por ciento del total; la Fiscalía estatal subraya que 41 por ciento de esos casos están ligados a células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras que el resto obedece a robos violentos y secuestros exprés cometidos en corredores industriales del Bajío.
La presión penitenciaria, sin embargo, se siente con mayor fuerza en bastiones morenistas: Ciudad de México aportó 17 mil 178 ingresos en los últimos siete meses; Baja California, 12 mil 275; Estado de México, 10 mil 580 y Sonora, 8 mil 058. En total, estas cuatro entidades suman 47 mil 839 personas ingresadas en penales estatales, lo que representa 45.7 por ciento de los casos a escala nacional.
El sistema de prisiones alta seguridad federal muestra aumentos moderados en los nuevos ingresos, pues el Cefereso 11 Sonora recibió a 385 internos, lo que equivale a 23 por ciento de todos los traslados federales; le siguen el Cefereso 17 Michoacán, con 225, y el Cefereso 12 Guanajuato, con 219, de tal forma que estos tres complejos concentran casi seis de cada 10 ingresos federales.
El especialista en temas de seguridad, David Saucedo, señaló que esta disparidad de cifras se da porque el gobierno federal no desmenuza qué institución de seguridad realiza las detenciones y, por tal motivo, lo más sencillo es ubicarlos en penales estatales.
“Aunque hay operativos conjuntos de estado-federación, en el estado de Guanajuato hay muchos detenidos por fuerzas estatales y entonces hay que ver cuántos de esos García Harfuch presume que están puestos (a disposición) por él y cuántos en realidad son detenidos por cometer delitos federales”, explicó.
El analista detalló que estos vacíos en la información se resolverían si el Sistema Nacional de Seguridad Pública tuviera una unidad especializada “para la revisión de todos estos microdatos, porque el gobierno federal y estatal hacen del uso de la información estadística con fines de propaganda”.
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