La reciente reforma constitucional que dio supremacía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas, provocó que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejara de estudiar cinco amparos que impugnaban la Ley de la Industria Eléctrica.
Por esta razón, ordenó el sobreseímiento de las cinco demandas interpuestas por igual número de empresas que, buscaban que se le otorgara la protección de la justicia, tal y como sucedió en enero, cuando se amparó a seis compañías del sector, resolución que provocó la molestia del gobierno federal.
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¿Cuándo se publicó el decreto en el DOF?
“Esta Segunda Sala advierte que en el caso sobreviene una causa de improcedencia que imposibilita el análisis de fondo del presente asunto pues, derivado de la reciente reforma constitucional en materia de áreas y empresas estratégicas, los efectos del juicio de amparo solicitado por la parte quejosa no podrían concretarse”, detallan cada uno de los proyectos que hoy fueron dejados de estudiar.
Es de mencionar que, el 31 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se reformó el párrafo quinto del artículo 25, los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 y el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución, en materia de áreas y empresas estratégicas.
Con motivo de esa reforma se modificó el modelo de política energética nacional establecido en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución.
El cual estaba centrado en la apertura a la participación privada en algunos sectores de la industria eléctrica, misma que debía llevarse a cabo en un entorno de libre competencia entre los participantes del mercado, incluidas las empresas productivas del Estado, como la Comisión Federal de Electricidad, y la incorporación de la sustentabilidad.
¿Cuál fue la consecuencia de esta reforma?
Con la citada reforma, si bien permaneció la posibilidad de que los particulares participen en ciertos sectores de la industria eléctrica, se modificó el enfoque de eficiencia y libre competencia que debía primar entre todos los agentes participantes del mercado eléctrico, dándole prevalencia a las empresas públicas del Estado.
“Se destacó, como objetivo de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, no ya el desarrollo de mercados competitivos y eficientes, sino la preservación de la seguridad y autosuficiencia energética de la Nación, así como el proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible –evitando el lucro– para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública del Estado que se establezca”, mencionan los proyectos.
RM
