La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió un recurso de reclamación del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien impugnó la decisión del Alto Tribunal de dar entrada a un amparo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), relacionado con la sentencia de nueve años prisión dictada en su contra.
La UIF solicitó a la Corte que se pronuncie sobre la obligación que tienen los jueces de control que emiten sentencias definitivas en las causas penales, de ordenar la ratificación de un escrito de desistimiento y a partir de ello, la forma en la que se debe dar trámite.
Lo anterior, porque tras ser condenado a nueve años de prisión en septiembre de 2018, Javier Duarte se desistió de apelar su condena, pero tiempo después interpuso un juicio alegando que no era su intención desistirse.
El amparo directo en revisión de la UIF está en manos de la ministra Margarita Ríos-Farjat, y el recurso de reclamación del ex gobernador fue turnado al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ambos de la Primera Sala de la Corte.
La SCJN determinó que el asunto planteado por la UIF reúne los requisitos de importancia y trascendencia. El expediente del cual deriva todo este asunto está radicado en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, mismo que notificó al ex mandatario estatal que el máximo tribunal de justicia dio entrada a su recurso.
En diciembre de 2019, el Primer Tribunal Colegiado otorgó un amparo a Javier Duarte y ordenó al juez de control Juan Carlos Ramírez Benítez, del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, dar trámite al recurso de apelación para que un Tribunal Unitario en Materia Penal se pronunciara sobre su admisión, porque estaba claro que la intención del ex gobernador no era desistirse de la apelación contra su condena.
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En febrero del presente año, la magistrada Isabel Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México, admitió a trámite la apelación del ex gobernador de Veracruz, quien buscaba que se cancelara o redujera su sentencia; sin embargo, en mayo, la magistrada ratificó la sentencia de nueve años de cárcel.
Porras Odriozola también revocó el aseguramiento de 40 propiedades, sentencia que no ordenó devolver los inmuebles al ex gobernador porque forman parte de otros juicios que aún están en curso y aún no se sabe quiénes son los verdaderos propietarios.
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