Han pasado diez años desde que fueron asesinadas cinco personas en un departamento ubicado en la calle Luz Saviñón, de la alcaldía Benito Juárez. El multihomicidio es conocido como el caso Narvarte, por la colonia donde ocurrió.
Familiares de las víctimas siguen luchando por conocer qué pasó la tarde del 31 de julio, pues acusan que la impunidad impera después de tres gobiernos de la Ciudad de México y cinco titulares de la Fiscalía General de Justicia.
"La fiscalía (capitalina) no sólo ha mostrado ineptitud e ineficiencia, permitiendo la pérdida y desvanecimiento de pruebas, también carece de una voluntad real de conocer la verdad de los hechos", indicó mediante un video la cuenta Memorial Narvarte en Facebook.
"En sus pesquisas parecen más preocupados por hurgar en las vidas privadas de las víctimas que en investigar a los grupos criminales detrás del crimen de la Narvarte".
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Insuficiencias, engaños e incluso pérdida de evidencia han marcado el trabajo de las autoridades a una década de la masacre, que fue llevada a un trabajo documental titulado A plena luz: El caso Narvarte para la plataforma Netflix.
¿Qué pasó en la colonia Narvarte en 2015? ¿Quiénes fueron las víctimas?
El 31 de julio cinco personas fueron torturadas y asesinadas en el número 1909 de la calle Luz Saviñón, colonia Narvarte. Los cuerpos tenían signos de violencia, quedaron dispersos en el sitio y fueron localizados dos días después.
Las víctimas fueron:
- Rubén Espinosa Becerril, fotoperiodista que solía trabajar en Veracruz
- Nadia Vera Pérez, estudiante y activista nacida en Chiapas
- Mile Virginia Martín, modelo colombiana
- Yesenia Quiroz, maquillista originaria de Michoacán
- Olivia Alejandra Negrete, trabajadora doméstica de la Ciudad de México
Las autoridades de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal detuvieron a tres personas ligadas al crimen. La familia, tras años de lucha, logró hacer que fueran reconocidas otras dos personas implicadas.
A una década, las autoridades no han esclarecido el móvil de los asesinatos. De acuerdo con la organización Artículo 19, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha esclarecido el móvil del crimen ni ha identificado a todas las personas responsables, tanto materiales como intelectuales.
En estos años, "las familias de las víctimas (...) han enfrentado negligencia institucional, dilación injustificada y falta de acceso a la verdad. Las irregularidades han sido sistemáticas: filtraciones de información, revictimización, omisiones en actos clave y estigmatización a las víctimas".
Líneas de investigación
Desde el inicio, las autoridades rechazaron que el multihomicidio estuviera relacionado con el trabajo periodístico de Rubén, así como con el activismo de Nadia.
Los dos escaparon de Veracruz semanas antes del crimen, pues habían recibido amenazas directas en un contexto de represión durante el gobierno de Javier Duarte.
Además de la persecución política se han manejado las versiones de que, detrás de este caso, habría nexos con el crimen organizado, se trataría de un ajuste de cuentas e incluso con trata de personas.
Artículo 19 puntualizó que, hasta hoy, ninguna de las líneas de investigación ha sido agotada. "La Fiscalía tardó cuatro años en establecer un plan de investigación formal y no ha esclarecido el móvil del crimen ni ha identificado a todas las personas involucradas".
Personas involucradas y pérdida de evidencia
Sólo tres hombres han sido procesados: Abraham Torres Tranquilino, César Omar Martínez Zendejas y Daniel Pacheco. Las autoridades inicialmente afirmaron que actuaron solos y usaron solo dos vehículos.
Sin embargo, registros de llamadas y videos de vigilancia revelaron que participó un grupo de al menos cinco personas en tres automóviles. La fiscalía tardó años en reconocer esta información.
En 2021, familiares de la víctimas lograron acceder a copias completas de la averiguación previa y a evidencia digital que fue retenida por más de seis años, indicó Artículo 19.
"De este análisis surgieron datos que revelaron la existencia de una operación planificada y coordinada, en la que participaron al menos diez personas".
"La falta de debida diligencia ha provocado la pérdida de evidencia fundamental. Las autoridades no han sancionado a las personas servidoras públicas que incurrieron en filtraciones, omisiones o manipulación de pruebas, a pesar de las denuncias formales interpuestas por las familias desde 2022".
Hijo de agente del MP habría estado en la escena del crimen
En agosto de 2023, los familiares presentaron evidencias periciales que sitúan el celular de Alejandro 'N', hijo del agente del Ministerio Público Luis Javier García Saldaña, en la escena del crimen entre las 14:29 y 15:11 horas del 31 de julio de 2015, durante los asesinatos.
Además, su teléfono regresó al sitio a las 21:32 horas, cuando ya estaba la policía. Pese a ello, nunca fue investigado ni citado; la fiscalía solo declaró que fue testigo meses antes y negó encubrimiento.
Exigen sanciones y acceso a la justicia
En su pronunciamiento más reciente, Artículo 19 exigió que se investigue y sancione a funcionarios involucrados con el caso, al tiempo que recordó que, aunque hay sentencias, el móvil no ha sido esclarecido.
Este 31 de julio de 2025, familiares y activistas convocaron a una jornada de acciones, memoria y justicia al exterior de la fiscalía capitalina.
ROA
