Lo que inició como un reclamo por la presunta invasión de un inmueble terminó por convertirse en tragedia cuando Doña Carlota, una mujer de 74 años, detonó un arma de fuego que terminó con la vida de un padre de familia de 51 años y su hijo de 19. Los hechos ocurrieron la tarde del primero de abril en la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe en Chalco, Estado de México.
En cuestión de minutos, la señora de la tercera edad pasó de víctima a victimaria en un caso que divide a la opinión pública y que es parte de una problemática añeja: los despojos inmobiliarios.
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Mientras algunos aplaudieron el actuar de Doña Carlota y la tildaron de justiciera, muchos otros rechazaron su reacción y exigieron su detención por el doble homicidio. No obstante y más allá de dicho caso en particular, la invasión de predios y las disputas que se generan por la posesión de las propiedades volvieron a consolidarse como un problema cuyo desfavorable panorama no ha sido atendido por las autoridades.
No sólo Doña Carlota, despojos un problema que afecta a miles de familias en México
Doña Carlota y su familia sostuvieron tanto en el momento del altercado como en sus primeras declaraciones que fueron despojados del inmueble que buscaban recuperar. Una situación en la que se encuentran miles de familias mexicanas.
Registros de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) coinciden en que se trata de un despojo cuando existe un bien inmueble claramente delimitado, el cual está ocupado por la fuerza o amenaza por uno o más individuos que carecen de cualquier derecho oficialmente reconocido para acceder, usar o controlar las propiedades despojadas.
Tan sólo en la Ciudad de México, la fiscalía registró más de 24 mil denuncias de eventos de despojo desde 2009 y hasta 2019. Información reportada por Gaspar Vela para MILENIO apuntó que dicho delito alcanzó un máximo histórico en 2021 al alcanzar las 3 mil 757 indagatorias de enero a octubre de dicho año. Entonces, las alcaldías Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero encabezaban la incidencia del ilícito.
Aunque no se cuenta con información exacta sobre el número de casos que se mantienen en impunidad o que han sido resueltos por la fiscalía capitalina, diversos testimonios dan cuenta de que los juicios civiles que se abren por dichos casos suelen estar marcados por la burocracia y debilidad institucional.
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La impunidad que permea en este tipo de delitos en la Ciudad de México, no es un factor ajeno ni a otros ilícitos ni a nivel nacional pues, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Inegi, en 2023 de los 31.3 millones de delitos ocurridos, únicamente se denunció el 10.4%.
De esa diminuta cifra de denuncias, el Ministerio Público y la fiscalía estatal abrieron una carpeta de investigación únicamente del 68% de los casos, de los cuales en el 47.9% no pasó nada o no se resolvieron y 27.6% resultaron en trámite. El resultado fue positivo únicamente en el 17.2% de los delitos en los que se inició una investigación.
"Las razones para no denunciar delitos se atribuyeron a la autoridad en 60.8% de las ocasiones [...] los motivos más comunes fueron: pérdida de tiempo (34.4%); desconfianza en la autoridad (12.7%), trámites largos y difíciles (9.8%)", reza el informe de la Envipe 2024.
De este modo, el hartazgo de las personas víctimas no sólo de despojo sino de muchos otros delitos los ha orillado a buscar “justicia por su propia mano” a través de actos como por los que ahora se encuentra detenida Doña Carlota.
Carlota "N": entre la simpatía y la justicia
Al grito de "Todos somos Carlota", "Queremos libertad" y "Basta de invasiones", decenas de personas se manifestaron a las afueras del penal de Chalco en el Estado de México para exigir la liberación de la mujer de la tercera edad acusada de doble homicidio y homicidio en grado de tentativa.
Imágenes de Doña Carlota enmascarada como Batman en pancartas, y múltiples ediciones que la plantean como justiciera han circulado en redes sociales al mismo tiempo que el video del altercado en Chalco, lo que ha dividido a la opinión pública.
Ernestina adulta mayor y víctima de despojo desde hace 20 años, se suma a protesta a favor de Carlota N@Zulgar18 pic.twitter.com/EijDju9W5C
— Notivox Estado de México (@milenio_edomex) April 9, 2025
La simpatía que parte de la ciudadanía ha mostrado se vincula con la incomodidad colectiva que existe respecto a su propia percepción de las fuerzas del orden y acceso a la justicia.
Es así como la justicia por mano propia se presenta como una respuesta reactiva, no necesariamente transgresora, pero sí como una forma de redención frente a lo que se percibe como un ataque directo al tejido social, según explicó a Notivox el psicólogo Jesús Ramírez Escobar.
"La violencia puede leerse como un ataque a la sociedad, un acto delictivo, o puede ser vista como cierta justicia. De ahí la figura de los justicieros que incluso los cómics han celebrado. También hay que considerar que estos significados sociales se presentan a través de plataformas y redes sociales que generan adherencia", abundó el experto.
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Las redes sociales, por su parte, juegan en la actualidad un papel fundamental en estos casos pues es a través de ellas que otras personas se sienten identificadas emocionalmente al ser también víctimas de un sistema de justicia lento, corrupto y de fuerzas policiales ineficaces que orillan a la ciudadanía a pensar que pueden acceder a la justicia por un medio distinto.
"Por eso, personajes como Luigi, en una lectura anticapitalista luchando contra corporaciones, o la abuelita convertida en meme, empiezan a generar ese tipo de empatías", señaló el psicólogo Jesús Ramírez Escobar en entrevista con MILENIO.
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"En un reino de la impunidad, la gente valora más las emociones que los argumentos racionales [...] si recordamos un poco sobre la psicología de masas, desde sus principales autores, vemos cómo lo masivo, en este caso lo viral, genera mucha mayor adherencia en el factor emocional que en el racional. Por eso, podemos hablar de justicia, venganza o actos violentos, pero lo importante es la adherencia emocional que hay al respecto", abundó Jesús Ramírez Escobar.
La simpatía que personajes como Doña Carlota o Luigi Mangione han acaparado no son más que el reflejo del hartazgo colectivo que se vive no sólo en México sino en distintas partes del mundo, donde la debilidad institucional vulnera a distintos sectores de la sociedad y convierte a la impunidad en la constante protagonista de diversos casos.
¿Qué hay detrás de los despojos inmobiliarios?
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) define como despojo un evento de transferencia forzada de una propiedad que se encuentra criminalizado en las leyes mexicanas como la ocupación ilegal de aguas o bienes inmuebles a través de la violencia, el engaño o la furitividad.
Cualquiera que sea la ubicación del inmueble o predio, el factor común que se presenta en los casos es la violencia, no obstante, las causas de la problemática pueden ser varias.
De acuerdo con un análisis socio-jurídico de los despojos inmobiliarios publicado por la revista Sociológica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en la Ciudad de México las denuncias de ésta índole son el resultado de conflictos que van desde disputas familiares por el patrimonio compartido, hasta complejas transacciones realizadas por funcionarios u operadores legales deshonestos.
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Entre los contextos en los que se suscitan las prácticas de despojo destacan aquellos en los que la violencia y la criminalidad se encuentran tan generalizadas que impactan la interacción colectiva de las y los habitantes de ciertos lugares. Por ejemplo, en el caso de Chalco, múltiples son los casos que exponen la problemática como una constante.
Las transferencias forzadas de tierra y propiedades también pueden ser consecuencia de la presencia de organizaciones delictivas que ven en el despojo una herramienta para controlar el acceso y tránsito al interior de determinadas zonas para, de este modo, acumular riquezas y aumentar su influencia.
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“Algunos investigadores sugieren que las prácticas del despojo están relacionadas con el valor del suelo o la propiedad despojada, valor que puede ser estimado por el mercado inmobiliario, turístico, agroindustrial o extractivo”, reza el análisis citado y realizado por el Dr. Rodrigo Meneses Reyes.
Aunque la problemática puede tener como génesis conflictos personales o familiares, las investigaciones y los múltiples casos registrados al menos en el centro del país dan cuenta de cómo la práctica organizada por grupos que incurren en actos violentos e ilegales para lograr su objetivo.
Entre los grupos de los que se tiene registro que incurren en este tipo de transferencias forzadas destacan la Asamblea de Barrios, el Sindicato 22 o Los Hidalguenses, por mencionar algunos.
ATJ
