Un tribunal federal rechazó amparar al ex presidente de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, y a su hijo Guillermo Robín Álvarez, y a seis personas más, quienes buscaban echar abajo la orden de aprehensión que fue librada en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de administración fraudulenta por 2 mil 257 millones 411 mil pesos.
En sesión celebrada hoy, el magistrado ponente en todos los casos fue Horacio Armando Hernández Orozco, quien propuso a los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal negar la protección de la justicia a los quejosos.
Según la investigación, el director general de la cooperativa, sin contar con poder y facultades suficientes ni con la autorización del Consejo de Administración y sin informar a la Asamblea General de accionistas, el 15 de agosto de 2016 celebró un contrato de fideicomiso de garantía.
La cooperativa, en su carácter de fideicomitente, con una fiduciaria, el cual consiste en garantizar que los bienes que integran el patrimonio cometido servirán para incrementar el fondo de pensiones y jubilaciones de los trabajadores de la cooperativa, supuestamente iba a recibir y mantener la propiedad de los bienes.
Por mayoría de votos, el tribunal avaló los proyectos del magistrado Hernández Orozco, quien propuso confirmar la resolución dictada e noviembre pasado por el juzgado décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal.
Las órdenes de captura derivaron de una denuncia presentada el 2 de junio de 2020 por los integrantes del Consejo de Administración en funciones de la cooperativa, en la que acusaron a Billy Álvarez y a siete personas más de crear un fideicomiso sin contar con las facultades legales ni con la autorización en asamblea de socios.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México integró la carpeta de investigación 012/00821/2020, la cual judicializó.
En su momento, funcionarios judiciales de la Ciudad de México revelaron que el monto de lo supuestamente defraudado era mayor, porque aún faltaban los avalúos de la totalidad de los bienes que se transmitieron ilícitamente al fideicomiso, ya que se trataba de los activos más importantes de la empresa, como son las plantas productoras de cemento en los estados de Oaxaca e Hidalgo.
Las órdenes de aprehensión fueron libradas por un juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Doce, del Tribunal Superior Justicia de la CDMX.
Ante esta situación, Billy Álvarez y su hijo promovieron demandas de garantías para tratar de frenar la captura.
DMZ
