DOMINGA.– Nunca vi tan furiosa a la abogada Argelia Betanzos Zepeda como la noche del 30 de abril, en la que protestaba junto a otras mazatecas frente al Palacio de Gobierno de Oaxaca. Vestida con su blusa tradicional, y el rictus crispado, vociferó sin altavoz: “¡Queremos justicia para Eloxochitlán de Flores Magón y los 14 perseguidos políticos que desde hace 10 años no han regresado a su casa!”, exclamó en un video subido a Facebook.
Argelia se refería a 14 de un grupo de 40 mazatecos que aún no obtienen su absolución o amparo contra órdenes de aprehensión por presuntos delitos ocurridos en 2014.
La entrevisté semanas después en un café, una tarde de julio, en la Ciudad de México. Radica en la capital desde que se casó pero va y viene a su comunidad por motivos de su defensa legal. Le pregunté intrigada la razón de la ira. La había visto llegar con su trenza negra y el mismo temple combativo y sereno que le conozco desde hace siete años. Antes de aquel mitin, me dijo, la alertaron de 200 órdenes de aprehensión más en contra de las mismas 40 personas, pero ahora la cifra se ampliaba a 56, entre ellas ocho mujeres.
Una vez más Argelia me informaba de su lucha infranqueable contra Manuel Zepeda Cortés, expresidente municipal de Eloxochitlán y padre de Elisa Zepeda Lagunas –diputada de Morena–, a quienes acusa de perpetuar un cacicazgo violento que desgarra a su pueblo y lo despoja del río Xanga Ndá Ge.
“Estoy consciente de contra quién batallamos y lo que siento es rabia”, expresó la defensora de 45 años de fe evangélica.
Dice que Zepeda Cortés y su hija han incriminado impunemente a gente con liderazgo comunitario para desarticular la movilización social en su contra, actuando bajo el cobijo de los últimos gobernadores y de los poderes estatales y federales. Asegura que las 200 órdenes de aprehensión por los delitos de robo e incendio son falsas y estuvieron congeladas por ocho años. Las resucitaron tras una década de victorias jurídicas en cuatro causas penales, que también imputan supuestos delitos de tentativa de homicidio y homicidio.
“Es tan notoria la fabricación de las carpetas, que todos debieron haber sido liberados desde las primeras fases del proceso”, dice.
Según testimonios y documentos que registré en el reportaje “La batalla de Oaxaca”, publicado en Gatopardo en 2019, Zepeda Cortés y hombres armados impidieron que Alfredo Bolaños asumiera el cargo, tomando por la fuerza el Palacio Municipal el 24 de noviembre de 2014. Ese día cerraba el plazo establecido por la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca para que justificara la asignación federal al municipio de 20 millones 500 mil pesos.
Días después, el 14 de diciembre, sus hombres tirotearon a la asamblea comunitaria hiriendo a seis personas, lo que colmó los ánimos y detonó un enfrentamiento. En medio de aquello, Elisa y su madre resultaron golpeadas, y dos hombres resultaron muertos, uno de ellos, el hijo de Manuel. Él dice que lo mataron en el pueblo. Argelia afirma que murió encarcelado por ser uno de los agresores.
Desde entonces la abogada lidera, infatigable, la defensa comunitaria en la cuna del legendario anarquista Ricardo Flores Magón, famoso revolucionario que combatió el autoritarismo y la concentración del poder. Visibiliza las denuncias de tortura, desplazamiento forzado, agresiones y persecución judicial desde 2011. Ha sido vocera, participante de plantones y una huelga de hambre, logrando incluso el acompañamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública a partir de 2022.
Argelia es una abogada indígena que laboraba en dependencias de gobierno federales pero que se vio obligada a entregarse de tiempo completo a la defensoría legal de las 40 personas incriminadas en 2014, entre las que está parte de su familia. De igual forma, abraza a la autodefensa comunitaria que las mazatecas crearon en 2023 para protegerse de los embates del cacicazgo en su contra por razones intimidatorias o intentos de despojo de sus propiedades.
Enfrentar a un cacicazgo en Oaxaca
Argelia alimenta el coraje de su vínculo con Eloxochitlán. En el pequeño municipio boscoso, en la Sierra Mazateca, al norte de Oaxaca, habitan más de 4 mil personas, alrededor de la cuarta parte en la cabecera municipal y en 22 barrios dispersos en la región montañosa. Ahí convergen personas católicas con otras de diversas denominaciones evangélicas y sin religión. Se dedican al campo y cultivo del café.
La abogada conoce bien el universo mazateco que defiende. No sólo da cuenta de las violaciones al debido proceso, sino de la historia de las personas incriminadas y el impacto de la persecución judicial en sus vidas; que tienen representación comunitaria, trayectoria como autoridades, son activistas, defensoras del territorio o tienen liderazgo barrial o campesino.
Por las inconsistencias y contradicciones de las imputaciones, señala, han ganado autos de libertad, sentencias por juicio, apelaciones y negativas en beneficio de 33 personas. También lograron excarcelar a siete mazatecos, tras casi nueve años en prisión preventiva y sin sentencia. Entre ellos su padre, Jaime Betanzos, un activista magonista y profesor jubilado, liberado en 2023.
Advierte que si bien se ampararon de las 200 recientes órdenes de aprehensión, la parte acusadora puede interponer un recurso de revisión y reactivarlas. “Si no nos hubiéramos movido así, nos hubieran aplicado una cacería masiva sin razón, avalada por Salomón Jara, pero a espaldas de la gente de su propio gobierno que sabe que somos inocentes”.
Entre las personas imputadas, además de su padre, está su madre Eusebia Zepeda, maestra jubilada que sufrió desplazamiento forzado por dos años.
La defensora mazateca recapitula el drama familiar: “Mi padre, que todavía es procesado en libertad, mi madre, y mi hermano desplazado desde hace diez años, tías, tíos y primos, cada uno tiene cinco órdenes de aprehensión”. A lo que hay que sumar el drama comunitario, por la persecución judicial colectiva, agresiones físicas, desplazamientos forzados, familias separadas, precarización, enfermedades. Son los motivos de la rabia de la abogada Argelia Betanzos.
Me explica que las ocho mujeres imputadas tienen de 40 a 68 años, la mayoría son madres y abuelas. Una profesora jubilada, otra maestra activa y sindicalizada por la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, una enfermera, campesinas, y “una guardiana de semillas ancestrales de maíz, dedicada a la elaboración del huipil artesanal”.
Esas 200 órdenes de aprehensión Argelia las nombra como “la segunda ofensiva”. Dice que la primera inició en el invierno de 2014 y no acaban de revertirla, lo que les llevó a reflexionar por qué la familia Zepeda persiste en la persecución judicial “si ya tiene el control político y económico del manejo del municipio desde hace más de una década”. “¿Cuál es la causa de fondo?”, se preguntan.
Pusieron foco en un antiguo reclamo: el saqueo de piedra y grava de su río con fines comerciales y provocando la destrucción de la ribera y el lecho del río. Narra que sus primos lo documentaron fotográficamente en 2011. En tanto, su primo David Peralta Betanzos, fotoperiodista egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, decidió repetir lo que antes hicieron sus hermanos. El 3 de abril intentó registrar maquinaria extractiva en un lugar del río.
“Resulta que el cacique casi lo mata, lo intentó atropellar dos veces”, dice la activista. Concluyeron que la familia Zepeda los desgasta judicialmente para explotar ilegalmente un negocio lucrativo: “entendimos por qué nos quieren distraídos en las cárceles, en los juicios, en el exilio, en el desplazamiento”.
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Por la suma de injusticias, convocaron a la Misión Civil de Observación en Eloxochitlán de Flores Magón, del 20 al 22 de junio pasado, con la participación de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, que reúne a 87 organizaciones del país, además de la asistencia de otras personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
En un comunicado, la Red exigió garantías de protección para Peralta, la cancelación de las 200 órdenes de aprehensión, el retorno de los 14 perseguidos políticos, el cierre absoluto de los procesos judiciales de cinco presos políticos obligados a firmar cada 15 días, y “justicia para el río Xanga Ndá Ge”.
El monstruo judicial tiene más de mil cabezas
A Argelia la conocí en una reunión clandestina en una vivienda del Valle de México en el otoño de 2018. Ahí se ocultaban algunos de sus familiares en desplazamiento forzado. En la reunión, Argelia fue la única mujer que tomó la palabra y se explayó en detalles legales complejos, por lo que le pedí que nos viéramos en otro momento.
Nos encontramos de nuevo en una cafetería. Llegó cargando gruesas carpetas en las que traía documentadas las contradicciones de las declaraciones de la parte acusadora; las copias literales, palabra por palabra, de los testimonios de supuestos testigos; y registros de diversas irregularidades y dilaciones sistemáticas de carácter administrativo.
“Los casos fueron divididos en cuatro expedientes a pesar de que todo podía caber en uno solo, justamente para organizar esa persecución política, pues si se libran de uno, ahí está el otro”, dijo muy seria la egresada de la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Puebla.
Después de cuatro años de ocurridos los hechos de 2014, sólo dos medios alternativos, Radio Zapote y Subversiones, habían recogido la voz de las personas incriminadas. Ninguna organización de derechos humanos les acompañaba. En tanto, sólo la palabra de la diputada Elisa Zepeda se había hecho escuchar, inculpando a 40 personas del delito de homicidio de su hermano, y de intento de homicidio contra ella y su madre, paradójicamente, como presidenta de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso del Estado de Oaxaca.
Hice el reportaje con el fotoperiodista Heriberto Paredes. Tomó seis meses de elaboración. A principios de 2019 viajamos a Oaxaca. Entrevisté a la diputada, su padre y a uno de sus testigos. Por igual entrevisté a integrantes de la asamblea comunitaria, y a Miguel Peralta Betanzos, hermano de David, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y el único de los ocho presos que fue sentenciado a 50 años de prisión. Él aseguró que ese día, el del enfrentamiento en su pueblo, estuvo en la Ciudad de México. Fue absuelto en 2019 pero tribunales buscan encarcelarlo de nuevo.
Elisa Zepeda tenía entonces 35 años y estudios de Acuicultura. Arribó al poder en el maremagnum de Morena que llevó a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador en 2018. La entrevista sobre los hechos de 2014, la grabamos en video. Entre diversas irregularidades, omitió mencionar la toma armada que su padre hizo del Palacio Municipal. Dijo que sufrió una golpiza por parte de 34 personas en el zócalo del pueblo, y una segunda en su casa por parte de dos hombres. Sin embargo, en su ampliación de declaraciones aumentó el número de dos a 33 agresores en la segunda golpiza, olvidando citar al padre de Argelia, sin individualizar sus acciones.
También contradijo la declaración ministerial de su propio padre, Manuel Zepeda, cuando aseguró que fue testigo de las golpizas que ella sufrió. En un fragmento de la entrevista en video, difundido por Aristegui Noticias, la misma diputada afirmó: “Mi papá no estaba [...]. Cuando le dicen ‘agarraron a tu hermano’, él se va por la vereda y mi papá salva su vida por eso”.
Argelia denuncia que, 11 años después de la fabricación de diversos delitos, la persecución judicial ha profundizado la precarización, la salud física y emocional de las familias golpeadas por los desplazamientos forzados. Destaca el caso del campesino Omar Hugo Morales Álvarez, que ya estuvo ocho años en prisión, en dos causas penales ganó su libertad absolutoria, pero le fue revocada “por la falta de dos firmas del secretario judicial y dos firmas del Ministerio Público”.
“En uno de los procesos ganó cuatro veces amparo indirecto y las cuatro veces el juzgado local reiteró el auto de formal prisión. Actualmente tiene una hija con cáncer. Y él está impedido para poder trabajar como se debe con el fin de solventar los gastos médicos. Este es un caso ya de crisis humanitaria”.
Alimentar la esperanza en medio de la tormenta
Ante los embates de Zepeda Cortés, y los desplazamientos forzados de los hombres para salvar sus vidas o el encarcelamiento, las mujeres han liderado la exigencia de justicia. En Eloxochitlán, una decena de señoras conformaron una autodefensa ante amenazas de cateo, en un caso por el intento de despojo de su propiedad, y la desprotección del gobierno estatal. Sostienen su lucha de la venta de café y miel.
“La autodefensa no es permanente, porque ellas mismas son madres, amas de casa, costureras, campesinas, pero salen a dar la batalla a los plantones, a los juzgados, a donde sea, y nos envían reportes cuando entran a su barrio y lo documentamos y publicamos para evidenciar el riesgo”.
Ellas instalaron un plantón en la banqueta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en la Ciudad de México, de mayo de 2021 a diciembre de 2023 (dos años y siete meses). Tal instalación dio inicio a la huelga de hambre que Argelia mantuvo por 56 días en exigencia de una audiencia pública con Arturo Zaldívar, entonces presidente del CJF, para denunciar la dilación judicial de los casos.
“Mi huelga de hambre no evitó que le negaran el amparo de revisión a mi papá, ni produjo su libertad inmediata, pero Elisa Zepeda perdió la reelección como diputada en junio de 2021”, detalla. Más después de que Salomón Jara la hizo su titular en la Secretaría de las Mujeres. En 2024 fue elegida de nuevo como diputada, esta vez por representación proporcional.
Argelia señala al gobernador oaxaqueño como el principal responsable de la persecución judicial comunitaria en Eloxochitlán: “de Salomón Jara dependen las decisiones del poder judicial de nuestro asunto”. También menciona al juez Constantino Santiago Agustín, del Juzgado de Huautla de Jiménez, Oaxaca.
“Pero el hombre que más ha dañado la justicia, en nuestro caso, en estos diez años, es el magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Oaxaca. Nos negó siete autos de libertad en 2020, en sentido contrario a más de una decena de antecedentes de libertad que obraban en el propio Tribunal”, precisa.
“Para nosotras el único espacio en el que encontramos justicia es en la organización de los pueblos”. En especial, reconoce la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, “me inspiran hasta el punto de las lágrimas, las hermanas y hermanos zapatistas son una voz permanente en mi oído y en mi corazón”.
–¿Qué viene para ti en tu vida? –recuerdo su angustia porque su padre y otros excarcelados están obligados a firmar en el juzgado cada 15 días, pero las 200 órdenes de aprehensión pueden reactivarse y ser encarcelados de nuevo.
–Mi propia familia, para donde volteé, está sitiada por el aparato judicial, criminalizada, maniatada, y me gustaría que este año, que ha sido atroz, termine. No estoy segura de qué sigue para mi vida, pero me parece que el lugar en el que la historia me ha puesto ahorita es estar cerca de la comunidad, consciente de cómo hemos caminado 10 años de forma autogestiva.
“Tenemos que llegar a un lugar donde la autogestión no sólo nos haya liberado de las garras de la cárcel y la injusticia, sino también de la marginación provocada por el Estado. Ojalá lo pueda ver en nuestra propia generación”.
Por lo pronto, Argelia está pendiente del 18 de agosto, porque tres mazatecos imputados en las 200 órdenes de aprehensión acudirán al juzgado para que se inicien las 72 horas que resuelvan su absolución. Así sucedió con la profesora Olga Maribel Betanzos, absuelta el 11 de julio, aunque el juez Constantino Santiago negó que los delitos de robo e incendio hayan prescrito, ignorando siete resoluciones anteriores a nivel del Tribunal Superior y Federal.
GSC/ATJ
