La proliferación de cables en miles de postes que afectan a la metrópoli podría por fin ser atacada legalmente en Nuevo León.
Este problema ha sido ignorado desde hace muchos años, y aprovechado por compañías de diversos giros para hacer de las suyas sirviéndose del río revuelto.
Lo peor de todo es que no se trata de un fenómeno que solo provoca contaminación visual o amenaza nuestra salud; también ha provocado accidentes que han cobrado vidas o, en otros casos, han dejado en la discapacidad a cientos de personas. Así lo hemos relatado en este espacio y en las demás plataformas informativas de esta casa editorial.
Ayer las bancadas de todos los diputados en el Congreso local se pusieron de acuerdo y aprobaron una serie de reformas que obligarán a las empresas de telecomunicaciones a retirar el cableado en desuso.
Estas reformas a múltiples artículos a la Ley de Protección Civil de Nuevo León destacan que los concesionarios, comercializadoras o entidades que presten servicio de telecomunicaciones deben de tener debidamente identificado el cable aéreo instalado, y además tienen la obligación de retirarlos cuando éstos se encuentren en desuso o cuando la autoridad lo requiera para evitar riesgos a la ciudadanía. Quienes no acaten esta ley, en caso de entrar en vigor, las empresas serán sancionadas por los ayuntamientos de cada municipio.
Lo aprobado ayer incluye una reforma al Artículo 77 Bis 4, que señala que el retiro, traslado o modernización de cables aéreos también podrá generarse cuando la autoridad considere necesario para la ejecución de obras públicas que resulten afectadas o en instalaciones de Gobierno.
Como agregado importante, destaca que cuando hay cables en desuso que ninguna concesionaria, comercializadora y prestador de servicios reconozca como suyos, el municipio tendrá facultades legales para retirarlo.
Hasta ahí todo parece perfecto, pero existen partes endebles de esta reforma aprobada por el legislativo, porque si no le hacen adecuaciones corren el riesgo de recibir una impugnación ante la Suprema Corte, porque la Ley Federal de Telecomunicaciones señala que solo la Federación puede hacer adecuaciones, regular o intervenir en instalaciones de esta naturaleza.
Ahora el trabajo que enfrentan las Comisiones de Desarrollo Urbano, Justicia y Seguridad Pública, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable es trascendente para completar su logro.
Lo deseable es que se consiga un cambio, que se publique y que con verdadera empatía y responsabilidad se pongan manos a la obra. Que así sea.
