Ayer inició el Congreso de Nuevo León el periodo extraordinario de sesiones, en términos coloquiales, el último tirón de su Legislatura.
En el papel, la tarea es agobiante y consiste en resolver más de 200 asuntos. Las cuentas públicas, el proceso para nombrar a una magistrada, la propuesta de revocación de mandato y sobre todo la tan polémica iniciativa con la que los diputados de la próxima Legislatura tendrían la facultad de designar titulares de cinco organismos estatales.
Este último es sin duda el de mayor relevancia; pone a temblar a algunos y seduce a otros, porque estamos hablando de mucho presupuesto y un amplio dominio de rubros relevantes.
La sesión se caracterizó por la tensión que comenzó por la presencia de tres grupos de manifestantes afuera del recinto. Luego vino el intercambio de señalamientos y el deslinde de algunos.
Juan Carlos Leal, el diputado promovente del PES, defendió la propuesta, aseguró que no cede a presiones y por ningún motivo servirá para que las mayorías designen funcionarios a modo.
Claudia Tapia criticó que las bancadas que lo promueven quieren pasar por encima de todo, incluso del rechazo expresado por la iniciativa privada y otros organismos, la semana pasada.
Tabita Ortiz, coordinadora de Movimiento Ciudadano, llamó desesperados a los priistas, que están urgidos de que se apruebe esta reforma.
El panista Carlos de la Fuente intentó poner un poco de frío al decir que es poco probable que dicha propuesta se apruebe en lo que queda de esta Legislatura.
Pero, más allá de dichos y posturas, se trata de una lucha por dependencias con presupuesto y poder de decisión en los próximos años.
En el fondo ambos bandos podrían comenzar por responder una pregunta, ¿las dependencias en disputa hoy en día rinden buenas cuentas? Verdaderamente Simeprode, Metrorrey, el Instituto de Movilidad, la REA y Agua y Drenaje, ¿son eficientes o solo son entidades utilizadas año tras año con fines de lucro por algunos?
Si la respuesta es no, entonces bien vale comenzar por el ajuste de cuentas y, si se comprueba que hay una ineficiencia, que se hagan los cambios que se necesiten, sin pasar por alto la aplicación de la ley a quienes la hayan usado para otros fines.
Esperemos.
Víctor Martínez
