El viernes se vivió una jornada fallida en todos los sentidos en el Congreso de Nuevo León.
No solo porque una vez más no se logró el consenso, no solo porque después de largas horas todo quedó como al principio.
Tampoco lo fallido es porque se hable de una “negociación en lo oscurito” que puede ser la causa de ese cambio de postura por parte de algunos legisladores, sobre todo los mayoritarios panistas.
Más allá de esos no tan ligeros detalles, la jornada del viernes no aporta en absoluto a los tiempos que estamos viviendo a causa de la pandemia que ha impactado en todos los ámbitos.
El domingo en entrevista para Nuevos Cambios, Roberto Russildi destacó que se han perdido 75 mil empleos, y vaticinó que recuperarnos en ese renglón podría costar al estado 3 o 4 años.
Ayer el gobernador Jaime Rodríguez, a pregunta expresa dijo que no hay dinero que alcance ante esta pandemia, y que ante el pronóstico de que no llegará apoyo federal, no habrá más que ajustarse el cinturón, incluyendo todos los niveles de gobierno; reorientar el gasto.
Incluso por la tarde, el secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, pidió a los cuatro vientos la llegada de recursos de la Federación, porque la curva evidencia que va para largo.
En medio de todo esto, aplicar la sanción máxima, que es la destitución e inhabilitación, sería dejar al estado sin poder Ejecutivo y con ello poner por encima del bien común, los objetivos políticos, bajo la intención de cumplir la orden recibida por el tribunal electoral.
Si la sanción fuera esa, sería agregar otra crisis a las que ya mencionamos en los párrafos anteriores. Hay que atender la emergencia sanitaria y ello requiere trabajo en equipo, empatía y prudencia de la más básica.
Si hay desempleo, necesidades e incertidumbre, no se puede desviar la atención y las energías a otros objetivos que bien pueden esperar.
Si insisten esta semana los integrantes de la comisión anticorrupción, y consiguen el consenso necesario para sancionar en el pleno, existe como opción aplicar un artículo transitorio que ordene hacer efectivas dichas sanciones una vez que se levante la contingencia.
Lo mejor que nos puede pasar es que el Legislativo y el Ejecutivo, lejos de pelear se apoyen, trabajen codo a codo para poner el bien del estado por encima de filias, fobias y estrategias políticas.
Negar que, independientemente de la aplicación de la justicia, hay un alto grado de sesgo político sería inocente.
Hoy en casi todo se busca llevar agua al molino; y como muestra el señalamiento hecho por el senador Samuel García ayer por la tarde al conocer del incendio al edificio de Tesorería. El legislador federal “lanzó la piedra” de la presunta pérdida de datos del covid-19, aludiendo a un incendio sospechosamente provocado. Lo hizo en las redes y con ello levantó las sospechas; atizó la lumbre.
No es momento para tomar cada quien por su lado. Si juntos la tarea es complicada; separados es casi imposible.
