El problema del transporte público que enfrenta Nuevo León ha sido tema recurrente en este artículo que se publica cada martes.
Por eso es todo un reto no ser repetitivo al abordarlo de nuevo. Pero en esta ocasión, a diferencia de las anteriores, hay una variante que motiva al comentario. Antier, ante la convocatoria hecha por el gobierno estatal, los medios de comunicación estuvimos atentos a la conferencia de prensa bajo la premisa de que anunciarían el plan maestro para resolver la situación.
No fue así, por el contrario, el discurso fue para anunciar la compra de 510 camiones de primer mundo y que no contaminan, y para denunciar públicamente presuntos delitos cometidos por Noé Chávez cuando estuvo al frente del Instituto de Movilidad.
De lo primero se puede decir que es una buena noticia, puesto que todo suma, y agregar 510 unidades al servicio de los pasajeros puede ayudar. Si le añadimos que serán no contaminantes, es un paso importante en la protección del aire que respiramos.
De lo segundo, hay que decir que es lo mismo que hace una semana escribíamos: Samuel García debe pasar primero las denuncias por las dependencias encargadas de investigar y luego, si así le place, soltarlo en conferencias para reafirmar su mensaje de que “el alto a la corrupción va en serio”.
Lo cierto es que hay más preguntas que respuestas en el tema del transporte. Hernán Villarreal no habló el domingo de la tarifa, de la propuesta de pagar a empresarios con base al kilometraje recorrido por las unidades; tampoco de si van a volver o no a circular las casi 2 mil unidades que los empresarios retiraron arbitrariamente en plena pandemia.
Tampoco hubo claridad en si los camiones los van a operar los mismos transportistas, si van a cobrar lo mismo, si van a administrarse desde el gobierno estatal.
Pero, entre las preguntas como las anteriores destaca una muy básica: ¿De dónde va a salir el dinero para comprar las unidades? No hay muchas opciones, porque el Congreso tendrá que autorizar una partida especial o, en su defecto, el dinero debe salir de una partida ya existente.
Como agregado a este escenario, el empresario Abelardo Martínez dijo desconocer ese plan del gobierno estatal y pidió que se organice una mesa de diálogo para sentar las bases de un acuerdo.
Parece que no hay siquiera un mal arreglo, pero se aproxima un pleito.
Víctor Martínez
