Vaya paquete el que se echará a cuestas el gobierno actual y los sucesores con lo ocurrido el viernes en el Congreso de Nuevo León, al aprobarse la reforma a la Constitución del estado.
En un video de 10 minutos, el gobernador Samuel García se mostró festivo, satisfecho; pero claramente, consolidarlo y volverlo realidad será más difícil de lo que parece y no depende de él.
En primera porque como hace muchos años se escribió: “Una constitución democrática que no se apoye en instituciones democráticas en sus detalles, sino que se limite al gobierno central, no solo no es libertad política, sino que con frecuencia crea un espíritu que es precisamente opuesto” (John Stuart Mill, legislador y filósofo británico).
La nueva Constitución, tomada como tal es un gran documento y a decir de Samuel, está compuesta por derechos de avanzada, que no habían sido reconocidos por la falta de proyección a futuro. “Una Carta Magna vanguardista, progresista, humanista, federalista, verde, sustentable e internacional”, agrega el gobernador.
Justo ahí está el detalle, porque no debe convertirse en letra muerta, y eso depende de que toda la estructura de gobierno sufra un cambio de enfoque, de actitudes y sobre todo de procedimientos. Un verdadero cambio cultural, una evolución.
La Constitución por sí sola, aun siendo un documento sólido y progresista, exige a partir de ahora que no hagan quedar mal al gobierno actual, que se contagie desde arriba hasta abajo, desde un lado hasta el otro, que se busca ahora para un “nuevo estado”.
El derecho al agua, por ejemplo, está en las manos de quienes dirigen los organismos públicos descentralizados, los proyectos de especialistas y la cultura del cuidado de ese recurso vital.
El aire limpio está y estará en manos de empresas que tomen muy en serio su responsabilidad social, modifiquen sus procesos y su relación con el medio ambiente.
Los espacios dignos, verdes y habitables, al igual que el derecho a una movilidad incluyente, moderna, segura y que no contamine estará en manos de los especialistas en desarrollo urbano, quienes junto con las autoridades en turno deberán promover el crecimiento de nuestra urbe, pero ahora de manera ordenada, respetuosa, responsable, sin moches.
Así, pensando que la reforma sienta las bases de un nuevo modelo de gobierno: incorruptible, abierto y transparente, que será sin duda un gran paquete para quienes vienen en los años siguientes guardar y hacer guardar la Constitución.
Víctor Martínez