Puede que no se lea bien o el punto de partida de este artículo parezca impropio, pero hay veces que en Nuevo León echamos dinero bueno al malo.
Por vulgar que parezca la frase, aplica a lo que ha pasado al estado cuando de contratar estudios de especialistas se refiere.
Ejemplos claros hay dos y de un costo alto.
El primero se dio hace un año, cuando la compañía Exiger Advisory concluyó su estudio sobre la seguridad en Nuevo León. El costo que representó contratar a estos expertos neoyorquinos fue alto: 1 millón de dólares; pagados mitad con dinero público, mitad con apoyo de la iniciativa privada.
Así en octubre del año pasado, las autoridades recibieron los resultados y con ello la tarea: crear un Sistema Estatal de Información, o sea una base de datos fidedigna sobre procuración de justicia y mapeo del delito, mejores técnicas de investigación modernas, utilización de agentes encubiertos, testigos protegidos, mayor involucramiento de las policías municipales, entre otras.
Solo el tema de los penales parece estarse resolviendo en el estado; lo demás sigue sin verse reflejado como cumplimiento.
El gobierno estatal puede argumentar con sus propias cifras que las cosas van mejorando, que la delincuencia va perdiendo la batalla, pero los meses recientes pintan al 2019 como un año violento, a 11 meses de haberle pagado a los expertos un mundo de dinero por su diagnóstico.
El otro ejemplo a citar se dio la semana pasada, cuando el Centro Mario Molina entregó los resultados de un estudio sobre la contaminación en Nuevo León.
En este caso el costo es mucho menor, se invirtieron 10 millones de pesos en conocer su diagnóstico.
El estudio dice, entre otras cosas, que la mala calidad del aire que respiramos es un problema multifactorial, originado por un creciente parque vehicular, deficiente transporte público, industrias altamente contaminantes y una mala ubicación de las estaciones que miden las partículas.
Este último punto es tal vez el destacado, al igual que el llamado a reordenar la Ecovía, ese transporte que parte en dos la ciudad y que, a decir de los especialistas, debe ser reubicado.
No se animaron los expertos a señalar con determinación suficiente, que la gasolina que nos venden en el estado es de muy mala calidad, que no cumple con la norma adecuada; prefirió decir que no tiene elementos, que para eso es necesario otro estudio.
De hacerle caso a la indicación, mover las estaciones de monitoreo ambiental tendría un costo monetario altísimo, tan solo darles mantenimiento tiene un costo cercano a los 15 millones de pesos al año.
El problema radica en que históricamente el estado no se ha caracterizado por gastar en temas de medio ambiente, incluso los 200 millones de pesos que se tenían para temas ambientales, recaudados con impuestos vehiculares, se destinaron ahora para reparar escuelas. Total la contaminación puede esperar.
Dicho pues con amargura, ambos estudios hasta ahora son dinero mal gastado y lo seguirán siendo mientras no se cumplan los objetivos, serán “dinero bueno al malo”
