La distancia es enorme entre el discurso y las acciones que están atizando el fuego entre el gobierno de Nuevo León y el Congreso local.
En medio de la refriega están los alcaldes, afectados como si fueran los hijos en medio de padres en proceso de divorcio, resintiendo los efectos de cada andanada, de cada capítulo.
El domingo en Cambios tuvimos la oportunidad de escuchar a cuatro alcaldes de municipios muy distintos entre sí. Hablamos de su sentir ante esta crisis política, y el primer lamento fue el congelamiento de cuentas bancarias de sus municipios a causa de lo que dicen, es una persecución del gobernador Samuel García, molesto por temas que no le han favorecido, entre ellos el proceso de selección del fiscal general de Justicia.
El de Agualeguas, Ignacio Castellanos, fue el más agudo en la queja, y no es para menos, porque a diferencia de los alcaldes metropolitanos, retrasar la entrega de recursos se traduce en auténticos dramas ciudadanos, por temas de salud, servicios básicos y salarios. “A mí los ciudadanos me conocen, me tocan la puerta, son mis amigos de toda la vida y me cuestionan”.
Muy lejos de la realidad que vive Miguel Treviño en San Pedro, con la arcas siempre nutridas por los ingresos propios del municipio más rico del país, o la realidad de Jesús Nava, el ex panista claramente arropado por el estado, como retribución a la decisión de abandonar al partido que lo llevó al triunfo y apoyar la causa naranja.
Treviño quiere ser mediador en el problema, pero se antoja difícil que alguien desde dentro lo resuelva, porque aun y contando con el poder de convencimiento, quien lo resuelva se “colgaría la medallita” y en política eso frena las cosas.
Nava asegura que todo tiene arreglo con el diálogo e insiste en que a él también le retrasaron el dinero, aunque no comprueba tal situación.
David de la Peña, alcalde priista de Santiago, insiste en que todo debe comenzar con la entrega de los recursos, con el descongelamiento de las cuentas, porque no se puede buscar acuerdos si la confianza se ha perdido.
Pero ni la insistencia logró que los alcaldes dijeran claramente qué tiene que pasar para que se sienten a platicar partidos y gobierno.
Así el discurso de unión metropolitana queda en buenos deseos, mientras los diputados y el Ejecutivo blanden orgullosos la espada ignorando las consecuencias al afectado más importante: el ciudadano.
Víctor Martínez
