Ayer por la tarde encontraron un cuerpo embolsado en la colonia Lomas Modelo, en Monterrey; se dice que lo arrojaron de un auto en movimiento instantes antes del hallazgo. Horas más tarde en Santa Catarina, particularmente en la colonia La Fama, dos hombres fueron ejecutados por un grupo de desconocidos, y la autoridad no reveló mayores datos.
Apenas hace una semana terminó octubre con una jornada similar, cuando un joven recolectaba basura fue asesinado por un desconocido que luego escapó en un vehículo, y horas antes, un hombre fue encontrado sin vida dentro de su casa en el municipio de Apodaca. De hecho octubre cerró con 112 asesinatos dolosos.
Ese ha sido el pan de cada día desde hace meses, pero la última etapa de la pandemia, la crisis del agua y hasta casos mediáticos como el de la joven Debanhi desviaron la atención del panorama completo.
Es en ese presente que nos encontramos con la necesidad de elegir un fiscal general de Justicia para Nuevo León; tarea que se ha visto entorpecida por una serie de motivos que poco abonan y dejan a su paso una clara muestra de todo, menos de buen ambiente.
La semana pasada, un nombre se mencionó con frecuencia al habla de este tema; se trata de Carlos Armando Moreno Pérez, secretario en funciones de juez, quien desde el Juzgado Primero Administrativo del Cuarto Circuito ha otorgado los siete amparos que buscan detener el proceso de selección, pese a que existen cuatro juzgados y no solo el que encabeza él.
En el Congreso local aseguran que dichas suspensiones que ha otorgado Moreno Pérez ya han sido combatidas a través del recurso de queja para que sean analizadas por un Tribunal Colegiado, pero que el juzgador de forma dolosa no ha enviado dicho recurso a su superior jerárquico, pese a que está obligado por la ley a hacerlo inmediatamente.
En ese contexto hay quienes buscan que el proceso que lleva un avance notorio se disuelva y comiencen de nuevo, pero se antoja difícil, porque ya fueron entrevistados todos los aspirantes y solo dos quedaron fuera del ejercicio.
Pese a todo, el legislativo debe avanzar la tarea de designar al fiscal general, porque el crimen avanza y por consecuencia este es un tema de interés público.
La Fiscalía no puede ser rehén ni de un poder ni de otro, porque quien la vea como algo de su propiedad rompe con su razón de ser. Veremos.
Víctor Martínez
