Una decisión importante se tomó ayer en el Congreso de Nuevo León. Nueve personas tendrán en sus manos el destino de instituciones que a su vez tendrán en sus manos el futuro del estado.
De ese tamaño es la decisión que se tomó ayer en el Legislativo. Se trató de la selección del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción.
La polémica pronosticada llegó desde el desarrollo de la sesión, que duró unas cuantas horas, cuando la diputada de Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes, acusó a las demás bancadas de abrir el camino a sus “carnales”, para que muy pronto sean fiscal general, auditor superior del estado y magistrado anticorrupción, respectivamente; crónica de una muerte anunciada, dijo Sandra Pámanes, su correligionaria.
No es difícil saber que éste es un golpe duro a los intereses del partido del gobernador Samuel García, después de la fiesta de su Primer Informe .
Pero la propuesta consiguió 30 votos a favor y 12 en contra, y ahora este cuestionado grupo va a elegir o a comenzar a elegir al que será la o el nuevo fiscal general de Justicia de Nuevo León.
Después vendrán otras tareas, también decisivas; porque van a nombrar a cuatro personas para ocupar las cuatro vacantes que tiene desde hace casi dos años el Comité de Participación Ciudadana.
La verdad es que por un lado abundan los cuestionamientos y acusaciones de que lo decidido ayer abre el camino a personas afines a los partidos y a ex funcionarios en esas posiciones; es decir, gente a modo. Por el otro lado están quienes dicen que no se siguió el procedimiento que marca la ley, por lo que el proceso nació viciado.
El detalle, y no es cosa menor, es que ya no hay marcha atrás, y que pretender echar abajo lo decidido ayer suena imposible.
Habrá que dar crédito a los ciudadanos electos, trabajar con ellos, acercarse.
Verlos como enemigos no servirá de nada, no servirá a Nuevo León, les vale más unirse a ellos; dicen que de lo perdido, lo que aparezca. Veremos.
Víctor Martínez
