Han pasado 182 días desde aquella tarde en que un grupo de bomberos decidió protestar por primera vez en una marcha contra el olvido y el dispendio que tienen sumida a la corporación en condiciones lamentables.
Fue la primera de varias movilizaciones y medidas de protesta ante la, entonces sospecha, de malos manejos por parte del Patronato.
Ese día, las voces fueron escuchadas y provocaron incluso que la Junta de Beneficencia Pública visitara Bomberos para iniciar una auditoría, ante las acusaciones de desvío de fondos conseguidos en los sorteos, y diversas irregularidades como el mal uso de la gasolina, presuntos abusos en la construcción de proyectos y manejo del personal.
Han pasado desde entonces 165 días y de los resultados o avances de la revisión del dinero, no se tiene nada; o no se ha dado a conocer.
En mayo se llevó a cabo una supervisión de la operación dentro de las instalaciones de la corporación, obligada por un oficio legal en poder del presidente de la Junta de Beneficencia Privada, Arturo Quintero Treviño, y la secretaria ejecutiva, Sandra Elizabeth Ramírez Flores. Con ello se encontraron irregularidades que ameritarían tal vez una investigación de la Contraloría estatal, pero no ha pasado, pese a que la JBP incluso suspendió a sus patronos.
Corría la última semana de julio cuando el notario público suplente 122 dio fe de las declaraciones vertidas por funcionarios de la administración de Bomberos de Nuevo León; en ellas detallaban cómo fueron forzados a hacer movimientos, que constituyen delitos, al disponer y desviar recursos de la corporación por órdenes del entonces director, Guillermo Guzmán de la Garza, (ahora suspendido de sus funciones).
Estas declaraciones existen y están notariadas; fueron hechas por Luis Antonio Guajardo Becerra, Arturo René Alanís Villarreal, Jorge Silva González, Julio García Ramírez, Luis Manuel Mejía García y Francisco Campos Banda.
La mala noticia es que de todas las declaraciones han sido ignoradas, las más fuertes, como el desvío de recursos en partidas de construcción, por ejemplo. Solo denuncias débiles entonces.
Para el 13 de agosto parecía darse un gran paso en resolver este problema, cuando fueron suspendidos los miembros del Patronato y se procedió a nombrar funcionarios temporales.
A 68 días de esta medida, cuestionable también de acuerdo con estatutos, tampoco se ha resuelto algo.
Esa noche en conversación con un servidor, Arturo Quintero me explicó que se estaban tardando las cosas porque le estaban negando la información, y que gracias a gente bienintencionada en el Patronato habían podido avanzar.
A pregunta expresa de si solo se enfocaba la investigación en Guillermo Guzmán, me respondió que había más nombres que se reserva por cuestiones legales.
Agregó que la Contraloría estatal solo esperaba la notificación de la JBP para poder entrar al caso. Me explicaba que no es un tema fácil y por eso es tardado.
Así, a 9 semanas de dicha conversación, la espera no ha terminado, y de aquella primera manifestación, de abril a la fecha, 182 días no han sido suficientes porque no aparece la luz al final del túnel.
Urge que se resuelva, que todo quede claro, porque la corporación vive de donativos y éstos no llegarán mientras no regrese la credibilidad, la confianza de la gente.
Bomberos no se puede quemar, la corporación la necesitamos todos, y no puede estar ardiendo bajo el fuego del desinterés de unos y las malas costumbres de otros.
Veremos qué pasa.
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