Acostumbrémonos.
Ésa es la petición del próximo gobierno a todos los mexicanos con el tema de la consulta ciudadana.
Tal vez desde tiempos de José López Portillo no se había dado un golpe directo por parte de un gobierno federal al gremio de los empresarios.
En aquel tiempo, la privatización de la banca pudiera compararse (aunque para muchos fue peor cuando la regresó); lo cierto es que veladamente éste es un simbólico rompimiento entre los hombres del dinero y los del poder, que comúnmente van de la mano.
Sufren ahora los mismos que acostumbran aprovechar el río revuelto para repartirse obras.
En otras circunstancias lo vivido la semana pasada podría calificarse como una fiesta democrática; la gran oportunidad de que por fin la voz del pueblo sea escuchada.
Sin embargo, la vox pópuli como tal no se expresó en esos cuatro días.
Un 29 por ciento optó por Texcoco, y un avasallante 69 por ciento prefirió Santa Lucía, pero es la voluntad de 761 mil mexicanos; muestra nada representativa, incluso si tomamos como base que en el padrón electoral hay 89 millones de personas con credencial para votar.
O sea que 1 de cada 10 mexicanos definió dónde se construirá el aeropuerto, y muchos de ellos ni siquiera son usuarios de las aerolíneas, puesto que no fue una consulta en aeropuertos.
Innegable es también que se podía votar dos, tres, cuatro, muchas veces, muestra inequívoca de que este ejercicio fue vulnerable.
Seamos sinceros, todos sabíamos que el resultado sería éste. Incluso se venía a la memoria aquel 12 de junio en el debate presidencial en Mérida, Yucatán, cuando Ricardo Anaya cuestionó a López Obrador su cercanía con el empresario José María Riobóo, a quien, dijo, asignó obras millonarias en CdMx, el mismo que ahora participa en este proyecto alterno.
La Coparmex dio a conocer su postura en voz de Gustavo de Hoyos, su presidente, minutos después de conocer las cifras; fue claro al decir que están de acuerdo con promover los instrumentos de participación ciudadana, y que están convencidos que ayudan a madurar la democracia.
Pero al igual que Juan Pablo Castañón, líder del Consejo Coordinador Empresarial, insistió en que la consulta fue ilegal, y que para ser vinculante, debía ser organizada por un gobierno en funciones y no uno en transición.
Para que sea vinculante, es decir, que implique obligatoriedad, la consulta debió llevarse a cabo el mismo día que las elecciones federales y organizada por el INE, proponerla ante el Congreso de la Unión, entre otras características.
Si todo esto, que es cierto, es ignorado ahora cuando se está del otro lado, estaremos viviendo una paradoja, puesto que sus autores son los mismos que hace años hicieron popular a puño alzado aquello de “voto por voto, casilla por casilla”.
Cómo cambian los tiempos.
En fin, acostumbrémonos, ya nos avisaron, y sobre aviso no hay engaño.
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