En 1994, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El objetivo de la conmemoración es la cooperación de los estados miembros para desarrollar soluciones a los problemas que aquejan a cerca de 370 millones de personas en el mundo.
En México, poco más de 25 millones de personas se autoadscriben como indígenas, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Esta población, en general, padece los mismos problemas que los grupos con menos ingresos económicos, pero ella se encuentra en una desventaja mayor. Siendo los más pobres de entre los pobres viven en un contexto de enorme desigualdad y sufren problemas sociales como desnutrición, rezago educativo, precarización laboral, carencia de una vivienda digna, atención médica deficiente, discriminación, entre otros.
La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sustentable establecidos por la ONU plantean reducir la desigualdad entre los países y dentro de ellos, a través de la generación y aplicación de políticas que atiendan las necesidades de las poblaciones desfavorecidas y marginadas. De esta manera, el reconocimiento de los pueblos indígenas en el mundo y en nuestro país nos obliga a evaluar si los programas sociales y las políticas públicas han contribuido a reducir la desigualdad social de la que son víctimas los grupos étnicos, así como si hemos logrado abatir la discriminación que viven cotidianamente.
Una revisión profunda de las acciones que como gobierno y como sociedad hemos llevado a cabo hacia las personas indígenas podría sentar las bases para un cambio y una verdadera inclusión social, así como para una vida con equidad económica e igualdad política para todas las personas. Es hora de que México y el mundo reconozcan las diferencias de sus habitantes como algo positivo y provechoso.
REBECA MORENO ZÚÑIGA
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