En agosto de 2017, el gobierno federal anunció que se desconocía el paradero de más de 32 mil personas denunciadas como extraviadas en el periodo que iba de 2006 a esa fecha. Si bien los números son importantes para estimar el tamaño del problema, la desaparición forzada no es solo cuestión de estadísticas, sino también de afectos. ¿Quién de nosotros no ha conocido una persona que haya sido desaparecida, torturada, secuestrada o asesinada?
¿Quién de nosotros no ha vivido en carne propia la desaparición de un ser querido, o se ha sentido conmovido ante el dolor y la angustia de otro que padece la desaparición de un familiar o de un amigo?
De todas las formas de violencia en México, quizá una de las más crueles es la desaparición forzada. Además del dolor y la angustia por la ausencia, los familiares de personas desaparecidas son frecuentemente testigos perplejos de la desconfianza y el estigma que se ciernen sobre su ser querido. La suspicacia sobre la causa de la desaparición conduce a juicios apresurados sobre su calidad moral, justificando con ello la demora en la búsqueda. Las narrativas cotidianas sobre las violencias en este país recogen las súplicas de los familiares de las personas desaparecidas que claman justicia y exigen la creación de mecanismos de acompañamiento profesionales y empáticos que reconozcan la dignidad humana.
A pesar de los reclamos, es habitual que en los procesos de denuncia las autoridades correspondientes no tomen medidas de investigación básicas para identificar a los responsables de desapariciones forzadasy dejen la investigación en manos de los familiares, quienes deberán afrontar dicho proceso con sus propios recursos. Es en este contexto que nace Buscadoras de Nuevo León, un colectivo de familiares de personas desaparecidas que hace vivo el deseo de encontrar a los ausentes. Un colectivo que representa el deseo de que la dignidad se haga costumbre y una apuesta valiente para que la impunidad no nos consuma.
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