En el mes en que conmemoramos nuestra independencia, la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia de la República presentó el Acuerdo por el que se expide la Estrategia Digital Nacional 2021-2024, que contiene bellos principios de austeridad y soberanía similares a los esgrimidos por mentes y plumas como la de Don José Yves Limantour, durante sus presentaciones presupuestarias frente al Congreso en el marco de las crisis económicas de la segunda mitad del siglo XIX. De forma similar, en el marco de la Cuarta Revolución Industrial y de la crisis por covid-19, el referido acuerdo abre con la invocación del artículo 6 constitucional destacando su relevancia no sólo en el marco de la libertad de expresión sino también del acceso a las nuevas tecnologías, el cual debe permitir a la totalidad de los ciudadanos beneficiarse de los tratamientos de Big Data. Ante esta gran cantidad de datos y oportunidades, no es de sorprenderse que se empiece a discutir el cómo introducir gradualmente tecnologías como inteligencia artificial, blockchain, 5G, entre otras en la configuración y ejecución del contrato social. En el marco de la Estrategia Digital Nacional, es posible apreciar cómo se establecen las bases para que nuestras entidades soberanas busquen incorporar nuevas técnicas y tecnologías para mejorar el tratamiento de información con la finalidad de mejorar la prestación de servicios públicos siguiendo tres líneas principales: austeridad, soberanía e inclusión.
Para destacar cómo interactúan estas líneas de acción, podemos tomar como punto referencial el énfasis en el uso del software libre con base en el contenido de los Lineamientos de austeridad republicana. Por supuesto, como ha destacado en diversas encuestas realizadas por el Banco de Inglaterra, esta es una práctica desarrollada tanto por entidades públicas y privadas alrededor del mundo; por un lado, uno puede invocar los requerimientos de interoperabilidad planteados por la Corte Suprema de Estados Unidos en casos como el de las empresas Google versus Oracle. Por otro lado, la dependencia en productos amparados por licencias de software libre que actúan como una crypto lex mercatoria, presenta el riesgo de descentralizar elementos soberanos como nuestra lex monetae como se ha visto en el caso de la experiencia de El Salvador con la implementación de la controversial Ley Bitcoin. Lo que es relevante en este punto es que -para ejecutar esta estrategia de austeridad- el Estado depende de forma creciente en proveedores privados en el territorio mexicano y en el extranjero para desarrollar soluciones y tratar la información; lo anterior, en ausencia de parámetros claros y modernos de explicabilidad, manejo de riesgos operacionales y responsabilidad. Con base en ello, la línea de inclusión depende no sólo de la creación de infraestructura pública sino también de programas de educación y capacitación estructurados alrededor de los parámetros arriba referidos para hacer frente a las asimetrías de información que la estrategia en comento introduce, ya que, en presencia de estas imperfecciones, las infraestructuras serán debidamente aprovechadas por quienes las controlan y entiendan, e introducirán vicios como la impunidad algorítmica que disminuirán la confianza que la población pudiese tener en este ejercicio de gobernanza antes mencionado.
Israel Cedillo
