En la actualidad a nivel mundial abundan diferentes opciones de servicios financieros que además de ser especializados e innovadores, comparten la particularidad de basarse en tecnologías asequibles como lo son los smartphones y el internet. Con la penetración del uso del internet y el e-commerce, es esencial que las Fintech cuenten con una regulación concreta, que les permita desarrollarse como compañías y, al mismo tiempo, también se les exija amparar transparencia con las personas a las que facilitan sus servicios. Los prestadores de estos productos buscan ofrecer una mejor experiencia al usuario, aproximando a más personas a productos y servicios financieros con una mayor tasa de satisfacción, lo que se ha convertido en el transcendental componente de permanencia en el tiempo y mercado.
Aunque no existe una cifra concreta sobre las empresas Fintech, se estima que en México existen cerca de poco más de 200 Fintech, de las cuales la generalidad otorga préstamos, seguros, ofrecen servicios de pagos de remesas, inversiones, fondeo colectivo, entre otros. El Banco de México (BANXICO), revela que, a raíz del crecimiento de este sector, la banca tradicional deberá realizar inversiones significativas para conservar competitividad. De igual forma BANXICO sostiene que estas empresas, al no tener un marco normativo específico, nacen bajo diversas figuras como: sociedades anónimas promotoras de inversión, sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas y otras como sociedades financieras populares.
Derivado de lo anterior, nuestro país se prepara para instaurar una regulación vanguardista, ya que, con la Ley de Tecnología Financiera, se busca salvaguardar a los usuarios de servicios financieros tecnológicos en el país y de igual manera combatir el lavado de dinero y el financiamiento de la delincuencia organizada. El proyecto de dicha ley se iba a presentar el año pasado, pero es hasta el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, cuando será examinada por los legisladores. Con esta normatividad, las Fintech que resuelvan entrar al mercado requerirán la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para poder realizar sus actividades. En la iniciativa se aprecia que, para la autorización de operaciones, las Instituciones de Tecnología Financiera exhibirán contratos de adhesión para justificar las operaciones y servicios con los clientes, siguiendo las reglas de la CONDUSEF, así como los procesos de gestión de reclamaciones. Para proteger al usuario, la iniciativa propone que las Fintech estén obligadas al uso de una cuenta de depósito de dinero en una institución de crédito, para reducir el peligro del mal uso de los recursos de los clientes, mientras que para el combate al lavado de dinero se expone que las entidades posean un esquema de plena individualización de inversionistas. De promulgarse esta iniciativa, las Fintech se encontrarían reguladas en nuestro país.
JESÚS FELIPE MONTELONGO
