Política

Valor compartido para el campo

México es el tercer país en el mundo con mayor consumo de productos químicos para la agricultura. En 2017 la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reportó el consumo de más de 98 millones de kilos de pesticidas por año.

Las consecuencias del empleo de este tipo de productos químicos han originado la erosión y degradación de suelos, así como problemas en la salud de los agricultores. La investigación (Ortega-Martínez, Pérez- Armendáriz, Gómez-Arroyo, Baños-Lara, Terán-Cervantes, Castro-Carranza, y Martínez-Valenzuela, 2019; Vázquez-Venegas, 2016) ha demostrado alteraciones genéticas y daños neurológicos derivados del uso de plaguicidas, por ejemplo.

Esta situación ha motivado a que organizaciones como la FAO (2020) desarrollen alternativas que contrarresten el deterioro de los cultivos, como es el caso de los biofertilizantes, igual de efectivos que los productos químicos y sin implicaciones para la salud.

No obstante, la adopción de este tipo de tecnología es compleja en el contexto agrícola por la falta de conciencia, conocimiento y comprensión por parte del agricultor (Alwang, Norton y Larrochel, 2019).

En el caso específico de México, este problema se agrava porque la investigación sobre la adopción de tecnología en el sector agrícola es mínima a causa problemas estructurales como la falta de un mecanismo concreto que asegure la convivencia entre el conocimiento local y el conocimiento científico; así como la existencia de una estructura productiva, organizacional y social que actúa en desventaja para el desarrollo de procesos innovadores, en particular para los pequeños productores (Amaro-Rosales y de Gortari-Rabiela, 2016).

Por esta razón, es fundamental considerar al Valor Compartido, desarrollado por Porter y Kramer, y que consiste en que las empresas del sector privado e incluso público, impacten a la sociedad, al mismo tiempo de beneficiarse. A diferencia de la Responsabilidad Social, este concepto incorpora un beneficio económico, de eficiencia o a nivel competitivo para las empresas.

Si bien existen acciones que de grandes empresas de retail que están incorporando a los pequeños productores en las grandes cadenas de valor productivas, el campo está en un momento que requiere de la innovación para subsistir.

Los suelos cada vez se están degradando, lo que pone en peligro la seguridad alimentaria de la población; además de alterar la salud de los agricultores por el uso de químicos para los cultivos.

En este punto, el sector privado puede hacer y hacer mucho, aprovechar el conocimiento que se genera en las universidades y aplicarlo a través del Valor Compartido para que se produzcan productos agrícolas de mejor calidad, impacten positivamente al ambiente, mejoren la salud de los agricultores e incrementen su reputación ante inversionistas y consumidores. El punto es darlo a conocer, invitar a las organizaciones a sumarse y vincularse, ahí está la gran solución.

LOURDES MATEOS ESPEJEL

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